La carta que 73 ex mandos del Ejército han tenido la desfachatez de remitir al rey Felipe VI para tratar de involucrarle en sus diatribas reaccionarias y antidemocráticas no puede despacharse como el desvarío de un grupo de cabos chusqueros jubilados que, en el fragor de la nostalgia cuartelera, se han venido arriba hasta perder el oremus. Se trata de un hecho grave que descalifica no solo a quienes rubrican el esperpento, sino a cualquiera que no se desmarque claramente de su contenido. Teniendo claro que esos fanáticos no representan en absoluto el compromiso democrático de las fuerzas armadas, produce congoja constatar que quienes son capaces de semejante disparate han tenido bajo su mando hace no mucho a miles de soldados armados y miembros del servicio de inteligencia.
El jefe del Estado tiene ya suficientes problemas como para que aquellos que denigran el uniforme de servidores del Estado que un día vistieron traten de identificarle con su inaceptable cuestionamiento de un Gobierno democráticamente elegido en las urnas. No es el rey quien debe pronunciarse sobre esa carta inadmisible, porque ello supondría un acuse de recibo. Y por eso ha estado una vez más impecable la ministra de Defensa, Margarita Robles, al culpar a los firmantes de vulnerar su compromiso con España. Perteneciendo a otro ámbito, al tratarse en este caso de comunicaciones privadas, el chat de WhatsApp en el que participaban algunos de los firmantes de la carta, en el que se habla de fusilamientos masivos, de «aniquilar a 26 millones, niños incluidos» o de promover un golpe de Estado, es sencillamente repugnante. Y cualquiera que no condene esas barbaridades está democráticamente descalificado.
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tiene razón cuando afirma que la carta «hace un flaco favor al rey» y no le hace «ningún bien a la monarquía». Y, también, cuando acusa a los miembros del chat de «defender la dictadura». Pero Iglesias debería explicar por qué considera grave, con razón, que un grupo de militares jubilados hable de fusilamientos y ensalce el franquismo, y sin embargo él, siendo vicepresidente del Gobierno de España en activo, calificara hace dos meses como «un ejemplo para la historia» a Ernesto Che Guevara, que en la ONU dijo esto sobre el Gobierno cubano del que formaba parte: «Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando». También debe explicar Iglesias si es o no admisible que en un chat privado, como el de los militares franquistas, él propusiera «azotar hasta que sangre» a una periodista. O si su pareja y número dos en Podemos, Irene Montero, hacía un favor al rey cuando, en Twitter, no en chat privado, amenazaba a Felipe de Borbón con «la guillotina».
Que militares jubilados ensalcen la dictadura en un chat e involucren al rey en una carta es un hecho muy grave que no puede pasarse por alto. Y que un vicepresidente del Gobierno, que debe dar ejemplo diario de democracia, ensalce una dictadura, ataque al jefe del Estado y proponga ejercer la violencia contra una mujer es inadmisible.