En 1985, hace más de tres décadas, el sistema educativo español acometió un proceso gradual para avanzar hacia la inclusión. Se iniciaba así un camino que pretendía dar respuesta al derecho inapelable de todos los niños y niñas a una educación común y sin discriminaciones. Se dieron entonces ocho años para ir transformando y abriendo las puertas de la escuela a estudiantes escolarizados en centros y aulas de educación especial. Recuerdo con claridad los temores que el proceso despertaba en la sociedad y en la comunidad educativa: ¿estarán las escuelas preparadas para recibirlos?, ¿les beneficiará estar en un entorno ordinario?, ¿perjudicarán a los otros estudiantes?
Desde entonces se ha ido modificando aquella realidad educativa. Los centros escolares y las aulas, como la sociedad de hoy, son más plurales y heterogéneos. El camino no ha estado, ni está, exento de dificultades y necesita mejorar, pero ha habido voluntad de cambio e implicación. Muchas familias, organizaciones, docentes y centros educativos han buscado y desarrollado otros modos de hacer educación, pensando en las necesidades de todos y cada uno de los alumnos, no solo en las de la mayoría. Pero, aunque el trayecto inclusivo es innegable, hay aún estudiantes que no han accedido a la escuela común, estudiantes escolarizados en centros especiales donde han tenido una educación con recursos y apoyos técnicos y humanos excelentes, pero que han tenido que renunciar para ello a ser educados en un entorno inclusivo. Sin duda han pagado un precio muy alto para recibir la atención educativa que merecen.
Se plantea ahora nuestro país un nuevo plazo de diez años para dar cobertura también a estos estudiantes en la escuela común. No somos los únicos ni los primeros en hacerlo. Otros países nos han precedido en este intento de hacer la educación más accesible, equitativa y justa para todos. Sirva de ejemplo en nuestro contexto la ONCE, que consolidó hace años su compromiso con la escolarización inclusiva convirtiendo sus centros específicos en centros de recursos educativos.
¿Qué necesitamos para avanzar? Necesitamos de una vez por todas muestras de una voluntad política sostenida como garante del proceso. Familias, docentes y comunidad educativa necesitamos esa seguridad. Necesitamos ya sentarnos unidos a trabajar todos los implicados, poniendo sobre la mesa cuestiones profesionales, formativas, organizativas, recursos y procedimientos para ayudar a los centros educativos ordinarios y especiales a afrontar juntos este proceso. Si no nos escuchamos y no tejemos unidos un proyecto educativo más inclusivo, seguiremos siendo cómplices de un sistema que, al ser excluyente, degrada la educación de todos. Este es el mensaje que quiero transmitir. El verdadero debate es la inclusión, el problema es la exclusión.