Durante más de cuatro décadas de terrible baño de sangre, el nacionalismo vasco (el violento y el que, sin serlo, justificaba la violencia) sostuvo la teoría del conflicto: resumida en dos palabras, en el País Vasco, había, según los nacionalistas —desde PNV hasta ETA y su partido, Batasuna—, un supuesto conflicto político entre los partidarios de la independencia, que luchaban por la libertad de una nación sin Estado, y España, que mantenía a los vascos sometidos por la fuerza. En coherencia con ella, los terroristas eran patriotas que luchaban contra un Estado opresor y sus atentados legítimas acciones destinadas a forzar una negociación para solucionar ese conflicto. Es decir, había en el País Vasco dos partes igualmente responsables de un problema (la violencia) que solo podía resolverse dialogando.
La mejor muestra de que tal teoría constituía un mero delirio criminal, evidente para la inmensa mayoría del país, a excepción de todos los partidos del llamado nacionalismo periférico, fue que bastó con que ETA se rindiese, ante la evidencia de que jamás podría derrotar a la España democrática, para que aquel supuesto conflicto desapareciese: sin negociación, ni diálogo, ni cesión de ningún tipo, pues el conflicto vasco no era más que el creado por quienes justificaban en su supuesta existencia el terror de las pistolas y las bombas. Dicho claro y pronto: muerto el perro se acabó la rabia.
Como si no hubiéramos aprendido nada de aquella terrorífica experiencia, Pedro Sánchez sostiene ahora, al servicio de los exclusivos intereses de su coalición de Gobierno y el PSC, ya en plena precampaña con su tan flamante como asombroso candidato, que en lo ocurrido en Cataluña «nadie esta libre de culpa». Es innecesario hacer un gran esfuerzo para encontrar en una afirmación tan increíble como inicua un eco de la falsaria teoría vasca del conflicto, que el secesionismo catalán lleva tiempo manejando para justificar su sublevación contra nuestro Estado de derecho y exigir un dialogo, democráticamente inadmisible, entre quienes deben defender la legalidad y quienes la violan a sabiendas.
No, señor presidente, de lo ocurrido en Cataluña —como, salvadas todas las distancias, del horror terrorista vasco— no hay más culpables que quienes se empeñan en violar la ley para conseguir sus objetivos, que legítimos —aunque a juicio de millones de españoles, disparatados— si se persiguen dentro de la legalidad vigente, se convierten en delictivos cuando pretenden obtenerse actuando como si el Código Penal no rigiese en Cataluña.
Proclamar que todos somos culpables, como hace ahora de un modo absolutamente irresponsable y oportunista el presidente del Gobierno, equivale a decir que no lo es nadie, lo que —argumento utilitario para conceder, contra toda lógica jurídica y política, los indultos que exigen a Sánchez sus inauditos aliados— desarma por completo al Estado democrático para exigir el cumplimiento de la ley que no hay día que no se ponga en Cataluña en entredicho.