Se asegura estos días, con razón, que tanto la pandemia como la histórica nevada ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el papel del Estado en nuestra sociedad. Viendo la catástrofe sanitaria y económica que ha generado el virus en diez meses, y los destrozos ocasionados en solo 36 horas de nevazo, resulta innegable que el Estado debe disponer de recursos, medios y personal cualificado para hacer frente a calamidades no frecuentes, pero sí cíclicas, que superan la gestión cotidiana de la cosa pública. Dicho esto, la paradoja es que tanto el covid como la borrasca Filomena han evidenciado también la creciente infantilización de la sociedad. La creencia generalizada de que el Estado es el único responsable de todos los problemas que padecemos, y a la vez el único encargado de solucionarlos, ha creado ciudadanos que renuncian a cualquier responsabilidad individual en su propio devenir, de forma que, cuando algo sucede, el único papel posible es esperar disciplinadamente a que el Estado ordene lo que hay que hacer y solucione cualquier contratiempo.
En Madrid, es obvio el fracaso de la Administración central, autonómica y local frente al temporal. Pero también que la reacción de gran parte de la ciudadanía fue infantil, confiada en que nada le tocaba hacer frente al desastre, salvo disfrutar. Es cierto que el Estado tiene obligación de garantizar los servicios públicos, restaurar las comunicaciones y rescatar a quienes quedaron atrapados en lugares inaccesibles. Pero es que en Madrid hay calles con un portal cada 15 metros en las que, diez días después de Filomena, los vecinos no han retirado la nieve de su propia puerta porque están esperando a que lo haga la Administración. Y en pleno centro hay aún coches inmovilizados que podrían salir si sus dueños dieran dos paladas a la escasa nieve que los rodea.
Algo similar sucede con la pandemia, ante la que muchos confunden la obligación de la Administración de garantizar atención hospitalaria y seguridad sanitaria, poniendo todos los medios para vacunar cuanto antes a toda la población, con una ausencia absoluta de responsabilidad individual. Ciudadanos que, en lugar de asumir la necesidad de autoprotegerse y proteger a los suyos, prefieren dejar su futuro y su salud en manos de un gran hermano que les dicte la agenda. Solo hay que confinarse si el Estado lo ordena bajo coacción, porque el Estado vigila y a ellos nada malo puede sucederles.
Esa infantilización de la sociedad se agrava por la dictadura de lo políticamente correcto, en la que el Estado dicta lo que se puede decir o escribir y lo que no, por lo que el ciudadano renuncia a pensar por sí mismo. El discurso político se simplifica a niveles grotescos, limitándose a consignas pueriles y a la exaltación exagerada de «lo público», de forma que la sociedad se centra en el ocio, y no en la reflexión, convencida de que solo existen derechos, pero no deberes. Vivimos tiempos muy difíciles. Pero salir de ellos renunciando a la responsabilidad individual y a la libertad de pensar, porque el Estado es infalible y nos protegerá de todo, sería una catástrofe todavía mayor.