La actualidad sigue dominada, como desde hace años en España, por una espesa agenda judicial: las acusaciones de Bárcenas contra Rajoy y el PP (el tesorero siempre llama cien veces) volverán a hacer de los populares el pimpampúm de sus adversarios, pese a que el mismo Bárcenas exculpa al actual PP de sus imputaciones; la denuncia de que Montero e Iglesias habrían utilizado como niñera a una exdiputada de Podemos y ahora asesora del Ministerio de Igualdad mantiene a la parejísima en el centro de un huracán que no acaba de amainar; el archivo de la causa que costó su buen nombre, su sosiego y su carrera política a los socialistas gallegos Besteiro y Orozco demuestra el daño inmenso que puede causar una jueza que hace mangas y capirotes con la ley; el procesamiento del expresidente socialista de la diputación valenciana y otros 14 altos cargos del PSPV y Compromís por prevaricación y malversación reitera presuntos delitos de los que han sido acusados, aunque mucho menos frecuentemente condenados, dirigentes de todos los partidos.
Los casos señalados, y otros más que podrían añadirse -una lista exhaustiva sería interminable- se traducen en que la corrupción, presunta o demostrada, sea el hecho político que más ciudadanos relacionan con la degradación de nuestra democracia.
Ocurre, sin embargo, que en España están ocurriendo cosas desde la llegada al Gobierno del PSOE (a lomos de una censura que se justificó en la necesidad de «regenerar la democracia») y de Podemos (cuya misión histórica era, decían, «acabar ya con la casta») que suponen una degradación constante de nuestro sistema constitucional y democrático.
Su último episodio es delirante, pese a que ha pasado casi inadvertido, salvo por el rifirrafe parlamentario entre Sánchez y Casado, en el que el primero alabó el «sentido del Estado» de Vox frente al «partidismo» del PP: ¡lo que hay que oír! La oposición en bloque pidió al Gobierno, con pleno derecho y toda la razón, que hiciera público el dictamen del Consejo de Estado que el Ejecutivo solicitó del supremo órgano consultivo del Gobierno sobre el real decreto de fondos europeos recientemente convalidado en el Congreso, que al parecer es demoledor para la norma del Ejecutivo.
Algo de cierto debe haber cuando el Gobierno, mintiendo abiertamente, negó, primero, la existencia del dictamen, y rechazó, luego, ¡entregarlo al Congreso!, como si se tratase de un texto de su propiedad, e incluso responder a las preguntas de la oposición sobre un asunto fundamental para el futuro del país. Finalmente, ya acosado, el Ejecutivo aclaró que lo dará a la cámara «cuando le parezca». ¡Inconcebible!
Esa patrimonialización partidista del Estado y del Gobierno, de la que existen pocos precedentes en España desde 1977, demuestra la antigua verdad de que los más nobles discursos pueden encubrir las más oscuras intenciones. Y, por decirlo con las célebres palabras de Abraham Lincoln, que basta con darles poder a los hombres para conocer su naturaleza verdadera.