La diferencia primaria entre hombres y mujeres nace de su respectivo código genético. Basta recordar al respecto lo que aprendimos en el instituto. De los 23 pares de cromosomas de los humanos, un par de ellos (los llamados cromosomas sexuales, X e Y) determinan nuestro sexo: las mujeres tienen dos cromosomas X, y los hombres uno X y otro Y. Ahí reside una diferencia que, al menos de momento, es inmutable.
Pero la diferencia entre hombre y mujeres es también fruto de una construcción social. Para constatarlo basta analizar cómo la historia está jalonada de cambios sustanciales en la posición económica, social y cultural de uno y otro sexo, evolución que ha tendido, al menos desde el triunfo de las revoluciones liberales, hacia la progresiva superación de desigualdades totalmente injustas al carecer de más explicación que el peso de prejuicios seculares contra el despectivamente llamado «sexo débil».
Los humanos no podemos alterar genéticamente nuestro sexo, que está impreso en el código con que venimos a este mundo. Pero los inmensos cambios mencionados han determinado que hombres y mujeres sí puedan hoy cambiar el género con el que han nacido cuando la naturaleza los ha colocado en un cuerpo que no es el que sienten como suyo: es lo que hemos dado en llamar cambios de sexo, aun a sabiendas de que lo que modifica quien opta por tomar tal decisión es su género o identidad sexual y no su sexo.
La actual ley del 2007 reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas establece, con toda justificación, tres condiciones para el cambio: la mayoría de edad (que el TCE amplió en el 2019 a los menores de edad con suficiente madurez que estén en una situación estable de transexualidad); que al solicitante del cambio se le haya diagnosticado disforia de género acreditada por informe de médico o psicólogo; y que haya sido tratado médicamente, durante al menos dos años, para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
Ahora, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha decidido, por su cuenta, eliminar todos los requisitos exigidos para la reasignación de género, sin contar para nada con el resto del Gobierno, cuya parte socialista está en desacuerdo radical con la propuesta de Podemos. Montero crea así un supuesto derecho -el de autodeterminación de género- que permite que cualquiera pueda cambiarlo sin otra condición que su mera declaración de voluntad.
Tal reforma, que constituye sencillamente un disparate y que podría dar lugar a fraudes clamorosos, ha sido desautorizada de forma radical por la mayoría del movimiento feminista que, con mucha razón, sostiene que borra jurídica y socialmente a las mujeres. Porque una cosa es que el ordenamiento ofrezca soluciones garantistas a quienes sienten una disforia sexual y otra convertir en un derecho el ser civilmente hombre o mujer. Lo primero es una medida civilizatoria. Lo segundo la ocurrencia delirante de quien todo lo confunde y no tiene nada claro.