Insólito país España. En Madrid, Lérida, Tarragona, Valencia y, con más gravedad, en Barcelona, miles de encapuchados arrasan lo que se les pone por delante para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, condenado a tres penas de privación de libertad por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado. Y lo hacen con la complicidad de Podemos, cuyo portavoz, Echenique, manifiesta: «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles».
Insólito, sí, e incluso estrafalario, pues mientras Podemos ampara a los que dicen defender la libertad de expresión quemando mobiliario urbano y apedreando a policías, el líder del partido y vicepresidente del Gobierno vuelve a reclamar -es esa una de sus firmes obsesiones- ¡«elementos de control democrático»! sobre los medios de comunicación, cuya credibilidad vuelve a poner en entredicho.
Es decir, apoyemos a quien ha cantado (es un decir) o tuiteado basuras como estas («¡Merece que explote el coche de Patxi López!», «No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto», «Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono» o «Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética») y vigilemos ¡políticamente! a quienes ejercen la libertad de prensa, indispensable para la «formación de una opinión pública libre» (TCE).
También es sin duda indispensable la libertad de expresión, tan unida a la de prensa, ambas esenciales para la existencia de una sociedad libre y democrática. Ocurre, claro, que las dos, como las otras, no son ilimitadas y el caso Hasel vuelve a poner en disputa hasta dónde debe llegar su protección por el derecho.
Un debate que no puede abordarse sin sentar tres claros presupuestos: 1.- Que conduce directamente al caos el abierto rechazo del cumplimiento de las sentencias judiciales por un partido cuyo máximo dirigente es vicepresidente del Gobierno; 2.- Que algo tan importante como la reforma del Código Penal no puede ser otra bronca oportunista y vergonzosa entre los dos partidos del Gobierno para zanjar quién se beneficia electoralmente de tal iniciativa, que solo supondrá un avance si es fruto de un amplio consenso parlamentario; y 3.- Que la eventual adaptación de tipos penales vigentes en España a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede llevarse a cabo, de ser necesaria, sin partir de nuestra realidad, sobre todo en relación con delitos como el de enaltecimiento del terrorismo, cuando cientos de miles de personas siguen sufriendo hoy las terribles consecuencias de los miles de crímenes de ETA.
Gran parte de los electores socialistas y podemitas parecen haber aceptado finalmente lo que sus partidos les proponen a diario: que la política es un juego en el que solo se trata de ganar. Pero incluso tal impudor debe en algunos casos tener límites.