Se dice, con razón, que el rey emérito está haciendo un grave daño a la monarquía y es el peor enemigo de su hijo. Pero la realidad es que Juan Carlos I se lo está infligiendo a la misma democracia, al sistema constitucional del 78 y a los ciudadanos, absolutamente defraudados por su vergonzoso comportamiento. La gran paradoja es que el hombre que hizo una contribución vital a la transición de una dictadura -que fue la que lo designó rey- a la democracia es ahora el enemigo público número uno de lo que contribuyó a construir. El pago de cinco millones de euros para regularizar sus fraudes al fisco, desde que ya no es inviolable, tiene como único objetivo evitar una condena por delito fiscal, no resarcir a los ciudadanos del perjuicio causado por sus impagos. Hablar de estas cifras en un momento de crisis brutal en el que muchos españoles hacen las colas del hambre es obsceno y corrosivo. Para los que pagamos nuestros impuestos, el hecho de que el anterior jefe del Estado haya evadido sistemáticamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales resulta demoledor. Más si escuchamos ahora sus homilías navideñas en las que instaba, con toda la hipocresía y el cinismo de que era capaz, a fomentar valores como la honradez, defendía la ejemplaridad de los cargos públicos, abogaba por la igualdad de todos ante la ley y llamaba a castigar la corrupción con firmeza. Es imprescindible que la Fiscalía y la Agencia Tributaria investiguen a fondo hasta conocer el origen de su enorme fortuna. Ya no vale pasar página y mirar hacia otro lado, como si las bochornosas regularizaciones, reconocimiento expreso de la comisión de delitos fiscales, pudieran tapar el escándalo.