En nuestra sociedad hay colectivos que secuestran términos pervirtiendo su verdadero significado o, haciendo un ejercicio de reduccionismo, convierten una parte del concepto en el todo. Finalmente, una mayoría acabamos aceptando como lícita esa parte. Y entonces, ¿dónde queda ese todo? Esto ha pasado con la muerte digna, pues parece que solo tiene un sinónimo: eutanasia.
Por eso me pregunto si esas personas a las que les administramos cuidados paliativos con un adecuado control de los síntomas físicos y psicológicos, movilizamos recursos sociales, y acompañamos -junto con su familia- en esta fase final de su vida, ¿no tienen una muerte digna?
En mi opinión este debería ser el paradigma deseable: unos cuidados paliativos de calidad que se intensifiquen en la fase final de la vida y busquen la máxima dignidad de la persona, adecuados a sus necesidades y deseos, evitando la obstinación terapéutica, respetando el rechazo a tratamientos y medidas de soporte como nutrición o ventilación, y todo ello en el escenario más adecuado para el paciente. Quizá, entonces, la eutanasia sería una de las alternativas a tener en cuenta, pero sin que secuestre todo lo demás, porque la dignidad en el proceso de morir no puede estar ligada a una única opción.
En el ámbito de los cuidados paliativos, casi a diario tenemos que aclarar la diferencia entre rechazo del tratamiento, adecuación del esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica, sedación paliativa y eutanasia. No solo sucede con las familias y los pacientes, también con nuestros compañeros sanitarios. Y hay que hacerlo porque evidenciamos una gran confusión en los conceptos, generando situaciones de gran estrés emocional, sentimientos de culpa, miedo e inseguridad.
Hoy se aprobará en el Congreso la Ley de Regulación de la Eutanasia, tras haber seguido el procedimiento habitual dispuesto. Quizá habitual no es el adjetivo más correcto, puesto que, siendo una ley que regula una prestación que se realizará en todos los centros sanitarios españoles y que afectará en el quehacer de los equipos clínicos, ha sido promovida desde el Ministerio de Justicia, sin implicar al Ministerio de Sanidad, ni consultar al Comité de Bioética de España, ni a la Organización Médica Colegial, ni a los Colegios de Enfermería.
¿No tendría más sentido una ley que abarcase el todo y no solo la parte? ¿No habría que dialogar entre los demandantes y los colectivos que tendrán que aplicarla? ¿No habría que formarse más?