En la universidad pública, también algunas privadas, tienen una incidencia desmedida las normas y regulaciones por las que se rigen, incluido el plan Bolonia y sus grados de cuatro años, al parecer bendecidos ahora por el ministro Castells. Incidencia que no obliga a su cumplimiento, tal y como se desprende del análisis del Observatorio del Sistema Universitario, contestado por la CRUE (Conferencia de Rectores), según el cual de las 81 universidades analizadas solo 18 cumplen las normas del Real Decreto 420/2015 -donde las gallegas salen bien paradas- sobre creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, en vigor.
Quizás el hilo a seguir, más obvio, para entender los cambios de cortas miras en las universidades españolas sea la trashumancia por diversos ministerios desde aquel primigenio de Universidades e Investigación de Adolfo Suárez, y también la cantidad de organizaciones de interés que inciden en ella. Pues, aunque no lo parezca -tal y como sucedía hasta el covid-19 con la sanidad y su ministerio- las universidades dependen económica y también en otros aspectos normativos, como titulaciones, de los gobiernos autonómicos. En las universidades también hay intereses y lobis, entre ellos los sindicatos y organizaciones estudiantiles, y la CRUE, una organización de rectores y ex rectores, sin ánimo de lucro, que ejerce de portavoz de las universidades, por más que el órgano establecido y consolidado sea el Consejo de Universidades. Y así estamos, con ese y otros estudios nacionales -como el del IVIE y Fundación BBVA- e internacionales no dejando la universidad española en buen lugar.
Con motivo de los fondos de recuperación de la UE Next Generation, en los que Bruselas condiciona una entrega de 70.000 millones de euros a España a cambios en las políticas, el Ministerio de Universidades, además de la digitalización y recualificación del personal, incluyó en dicho cambio una nueva norma, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que después de veinte años de la anterior ley, parches incluidos, nadie puede negar su obsolescencia.
Al informe que el ministerio acaba de publicar, Estrategia programática del Ministerio de Universidades, sobre problemas de gobernanza de las universidades españolas, con un sistema de gestión poco eficaz y de escaso conocimiento y debate, se podría contribuir con una amplia reflexión, siempre hurtada -recuérdese la partición de aquel Ministerio de Universidades y Ciencia en dos (Cabrera, Gabilondo y Garmendia) y lo que vino después con los de Wert y De Guindos-, que los fondos europeos podrían propiciar. Incluyendo en ella los centros de investigación y la innovación -con un rendimiento insuficiente-, y los centros tecnológicos que, aun beneficiándose de subvenciones, son instituciones privadas familiarizadas con el mercado. Tal reflexión conjunta sería necesaria, con estrategias más interactivas que competitivas o sustitutivas como se observan ahora, para la empresa, la investigación y las universidades.