Aragonès dejó bien claro antes de ayer que su gran objetivo como presidente catalán será la secesión mediante un referendo: pactado si el Gobierno acepta el chantaje de los separatistas, y convocado unilateral -e ilegalmente- en caso de que no haya un pacto con Madrid. Es decir, y para no andarnos con rodeos, dado que Sánchez no podrá acordar un referendo salvo que optase por suicidarse, colocándose fuera de la ley, los secesionistas amenazan con declarar otra vez por las bravas ese dislate de la República catalana independiente. Un ultimátum para tomarse muy en serio.
Y no solo por el gravísimo precedente de octubre del 2017, cuando el Gobierno de la Generalitat, del que ERC formaba parte, proclamó la República catalana, como «Estado independiente y soberano», tras un esperpéntico referendo delictivo, sino porque la tradición insurreccional forma parte del ADN de un partido que siempre ha hecho lo mismo en cuanto ha tenido en sus manos el poder: declarar la secesión de Cataluña.
Lo hizo ERC el 14 de abril 1931, cuando, recién proclamada la Segunda República, Francesc Macià, fundador y líder del partido, proclamó el Estado catalán, en abierta rebelión contra el Gobierno provisional republicano. Tras un tira y afloja de tres días entre los insurrectos y el Ejecutivo nacional, que envío una delegación a Barcelona para intentar frenar aquel desatino que apuñalaba por la espalda a la recién nacida República española, los insurrectos cedieron en sus pretensiones a cambio de un Estatuto que se redactó -gran disparate- antes que la Constitución que lo legitimaba y debía servirle de soporte.
Pero el episodio que se resolvió pacíficamente en 1931 se repitió, de una forma trágica, en 1934, cuando Lluís Companys, que había sucedido a Macià al frente de la Generalitat y de ERC, declaró de nuevo el 6 de octubre el Estado catalán, con el peregrino argumento de salvar a la República (entonces gobernada por la CEDA, tras su victoria en los comicios generales de 1933) contra la que ERC se rebelaba. La insurrección, que se saldó con 8 soldados y 35 civiles muertos, más de tres mil detenidos (entre ellos casi todos los miembros del Gobierno catalán, que permanecieron en prisión hasta que el Gobierno del Frente Popular los indultó), la declaración del estado de guerra y la suspensión de la autonomía catalana, tuvo un altísimo coste para la paz civil de la República y, junto con la Revolución de 1934, ayudó a generar el ambiente que desembocó en el golpe de Estado de 1936 y en la terrible Guerra Civil que lo siguió.
Recuperada la democracia en 1977, Esquerra volvió a gobernar en los tripartitos de Maragall y de Montilla, y su acción marcó, con la incomprensible complicidad del PSC, el comienzo de la nueva etapa insurreccional en que ahora nos hallamos: la que comenzó con el procés y ha desembocado en esta Generalitat de ERC, Junts y la CUP, que, si se les permite, tratarán de volver a las andadas: las de 1931, 1933 y 2017. ¿Dará a la cosa solución el fantasioso Plan 2050?