Mientras el presidente del Gobierno manifiesta ya sin disimulos que indultará a los penados del procés con argumentos tomados directamente del discurso de los propios condenados (ellos hablan de represión contra los secesionistas y Sánchez de acabar con la venganza y la revancha, lo que viene a ser lo mismo), una parte de los organizadores de la sedición siguen en sus trece: el indulto es un engaño y lo que exigen es una amnistía general. No se trata, claro, de una mera cuestión terminológica: el indulto alcanza solo a los condenados mientras que una amnistía se extendería también a los fugados y, entre ellos, al líder de uno de los partidos del Gobierno catalán: Puigdemont, de JxCat, que tiene solo un escaño menos que ERC.
Si pudiera hacerlo legalmente, Sánchez concedería sin duda la amnistía en busca de esa concordia desigual de la que habla, que consiste en permitir que los secesionistas violen el Código Penal mientras el Gobierno pone a caldo no a los sediciosos, sino a quienes en defensa del Estado democrático de derecho critican que se le concedan medidas de gracia a penados que aseguran tan tranquilos que se pasarán de nuevo la ley por el arco del triunfo en cuanto lo consideren necesario. Pero, ¡ay!, para desgracia de un presidente tan generoso con los delincuentes que proclaman su intención de volver a delinquir, la amnistía esta prohibida por la Constitución, lo que sabe incluso esa jurista sin par que es mi admirada Carmen Calvo.
Como está prohibida también la autodeterminación, que no cabe en un ordenamiento que proclama en el artículo 2 de la Constitución la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Por si con un término no quedaba suficientemente claro, nuestros constituyentes, con el apoyo entonces del nacionalismo catalán, introdujeron dos en la ley fundamental: nuestra nación es indisoluble e indivisible. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que mientras ese precepto no se modifique no cabe celebrar en España referendos de autodeterminación.
¿Es posible, pues, negociar, sobre lo inconstitucional? Rotundamente no. Parece más bien que la mesa de diálogo que el Gobierno ha aceptado abrir con los separatistas -incluso con uno de ellos que hoy es un recluso condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación: Oriol Junqueras- es un paripé en el que caben dos posibles desenlaces: que todo se vaya a hacer puñetas al poco tiempo de comenzar ante la imposibilidad de negociar las reivindicaciones esenciales de los separatistas, porque ninguna de ellas (ni la amnistía, ni la autodeterminación) son admisibles legalmente; o que el paripé siga con la finalidad de que los separatistas engañen a sus electores y el Gobierno engañe a la mayoría del país, que un día se enteraría, con profundo disgusto, de qué se ha negociado de verdad.
Con profundo disgusto, sí, porque nada que pueda convencer a ERC, JxCat y la CUP puede, por definición, ser bueno para España: para su presente y su futuro.