Las relaciones entre los Gobiernos y las compañías eléctricas no han sido fáciles. Y más en momentos como el actual donde las autoridades necesitan abaratar el recibo de la luz y atender el cativo compromiso de que la factura del 2021 sea similar a la del 2018.
El Gobierno precisa actuar sobre ese crecimiento de la tarifa eléctrica, derivado de que todas las fuentes de energía facturan al mismo precio, el del gas, aunque no tienen los mismos costes, ni todas emiten CO2. El Gobierno, hasta el 31 de marzo, calcula que detraerá a las compañías unos 2.600 millones, a lo que se sumarán otros 650 millones por los ingresos extra que obtienen por la revalorización de los derechos de emisión de CO2. Sin olvidar reformas en la Ley de Aguas para evitar el escándalo no previsto de un desembalse oportunista y lucrativo, Estado ausente.
Pero no se sorprendan, el tema eléctrico o el gas viene de tiempos de Franco. Enagás -fundada en 1972 en el INI-, debido a una gestión deficiente en sus relaciones de suministro de gas con Argelia, generó una deuda que alcanzó a los primeros gobiernos de Felipe González y dio lugar a la embajada de Alfonso Guerra a Argelia para solucionarlo. Situación -la deuda argelina- que se repitió de nuevo en 2010, con Enagás ya en manos de Gas Natural desde 1994, logrando entrar la argelina Sonatrach en Gas Natural Fenosa para resolverlo. Tribunal de Arbitraje de París por medio. Sigan ahora para situarse el hilo de Naturgy y los australianos, y la importancia del gas y el Magreb. También ese mundo oligopolístico de las eléctricas derivado de la liberalización en 1997. Por más que la vicepresidenta del ramo insista en que dado que el plan aprobado respeta la rentabilidad de las compañías, confía en que «las empresas entiendan que se trata de medidas excepcionales en momentos excepcionales».
El precio de la energía eléctrica, que suponía el 24 % del recibo de la luz, se acerca al 50 %, quedando el resto para peajes, cargos e impuestos en gris. De todo ello han tenido información en La Voz de Galicia. Y muy recientemente, ante la aprobación del decreto ley del martes, de la contestación a él de las patronales eléctricas, sean estas la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica o el Foro Nuclear. Tal pareciera que mientras el Gobierno contenía el recibo de la luz a base de minorar peajes e impuestos con cargo a fondos o a deuda pública, no se pronunciaban. Sin embargo, aprobado el real decreto e iniciado el trámite del proyecto de ley sobre retribución del CO2, la contestación ha sido inmediata. Lo que ciertamente no es novedad. Amenazan ahora con el cierre de las nucleares. Aunque para el consumidor el recibo de la luz se incremente un 35 % en un año, y este coste de la energía aporte una poderosa contribución a la inflación, ya en un 3,3 % que, sin llegar al caso de la crisis del petróleo de 1973, o eso espero, hará sufrir a nuestra economía, incluida la industrial. Son las eléctricas. ¿Habrá Gobierno?