España tiene un serio problema con el mercado de trabajo: es demasiado rígido. Esta situación parte de las ordenanzas laborales del franquismo, cuya filosofía se trasladó casi en su totalidad al Estatuto de los Trabajadores con la llegada de la democracia. Y la consecuencia que tuvo fue que el paro nunca bajase del 15 % en los tiempos de bonanza y que el PIB tuviese que crecer por encima del 3 % anual para que la economía fuese capaz de crear empleo. Conscientes de esta realidad, los distintos gobiernos, empezando por los de Felipe González, quitaron dosis de rigidez al mercado laboral. Sin las sucesivas dosis de flexibilidad que fueron introduciendo unos y otros no se habría conseguido reducir la tasa de desempleo ni aumentar la ocupación de 12 a más de 20 millones de personas.
La última de estas reformas fue la que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2012 con el fin de favorecer la reducción del paro, la contratación de jóvenes, mujeres, parados de larga duración y minusválidos, y facilitar la supervivencia de las empresas cuando se producen circunstancias adversas. Para ello, se redujo la indemnización por despido a 33 días por año trabajado, se ampliaron las causas económicas que permiten el despido procedente, se suprimió la necesidad de contar con autorización administrativa previa para que una empresa pueda hacer un ERE, se introdujo el contrato para la formación y el aprendizaje para que los jóvenes puedan adquirir formación práctica en la empresa, se bonificó la contratación de los colectivos con mayores tasas de paro y se descentralizó la negociación colectiva para acercarla más a la realidad de la empresa. Gracias a ello, la economía española pudo empezar a salir de la crisis de la burbuja inmobiliaria y volver a crear empleo. Esa reforma es la que quiere derogar el Gobierno actual. Pero no es una buena idea.
Hoy vivimos tiempos económicos muy inciertos. Una de las causas es el coronavirus, pero otras se encuentran en la dirección de la política en un país con problemas estructurales, como los excesivos niveles de déficit presupuestario y deuda pública, que se revelarán insostenibles en cuanto el BCE empiece a reducir sus programas de compra de deuda. Ese contexto invita necesariamente a las empresas a ser precavidas, tanto en sus decisiones de inversión como de contratación. La derogación de la reforma laboral, en este sentido, supondría contratar menos y realizar menos contratos indefinidos si las empresas no pueden adaptar su plantilla con cierta facilidad y sin gran coste a las circunstancias que puedan sobrevenirles. Es decir, si aumenta la rigidez del mercado laboral, lo harán también la temporalidad y el desempleo, especialmente el de los menos cualificados y el de los mayores de 45 años.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el contexto en el que se debate la reforma laboral. Se está redefiniendo la distribución geográfica de los procesos de producción global de las empresas multinacionales. Después de años de deslocalizar partes de la cadena de producción a países con bajos costes laborales, ahora se está produciendo un proceso de relocalización de esas fases de la cadena de valor. Se tiende a tenerlas más cerca de la matriz de la empresa y de los mercados finales. Así, esas inversiones están saliendo de Asia para ir a México y EE.UU. en el caso de Norteamérica, o a Europa del Este y Turquía en el caso de Europa.
España podría competir por la captación de esas inversiones puesto que, aunque los costes laborales son mayores, cuenta con otros elementos muy favorables, como la mano de obra cualificada, la calidad y amplitud de las infraestructuras, o la existencia de una amplia red de empresas auxiliares. Sin embargo, a nuestro país le penaliza la rigidez del mercado laboral. Si esa rigidez aumenta, España perderá todavía más atractivo y podría dar lugar a un nuevo proceso de salida de empresas extranjeras de nuestro país, en busca de destinos más favorables para ellas.
En consecuencia, la derogación de la reforma laboral generaría bastantes problemas, para los trabajadores, para los parados, para los jóvenes y para el conjunto de la economía.