Mucho más diestro que el PP en la lucha ideológica y política, el PSOE convirtió, desde el momento mismo de la demencial votación de la reforma laboral, en un asunto muy distinto el gravísimo disparate de la presidenta de la cámara, que impidió votar presencialmente a un diputado que tenía pleno derecho a hacerlo según el reglamento del Congreso.
Con ello quitaba el PSOE presión sobre la acción increíble de Batet para echarla sobre los hombros del PP a cuenta del supuesto transfuguismo y —también de la supuesta— compra de votos de los diputados de UPN por parte del Partido Popular.
Anteayer sostuve aquí el derecho al voto presencial del torpe Alberto Casero, tesis luego confirmada con incontestables argumentos por un letrado de las Cortes y exletrado del Tribunal Constitucional, Manuel Fernández-Fontecha (La cuestión de la votación telemática, en Iustel, 7 de febrero), que deberían leer los que aún dudan o han sido convencidos por las falacias de quienes defienden lo contrario (https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1219421).
Las sandeces que venimos oyendo desde el jueves sobre transfuguismo y compra de votos son mayores y, sobre todo, mucho peor intencionadas. Empezando por la más elemental: un tránsfuga es quien abandona su partido y se va a otro con el cargo obtenido en el primero, lo que no se parece para nada a lo sucedido con los diputados de UPN, que solo se irán si los expulsan, lo que me parece que al final no acontecerá.
Esos dos diputados, a quienes no he visto en mi vida, decidieron ejercer el derecho que les concede la Constitución, como lo hacen casi todas las democráticas (artículo 67. 2: «Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo») y votar con plena libertad contra el Gobierno en un asunto del que creyeron que podía depender la continuidad de un Ejecutivo que se sostiene, entre otras fuerzas antisistema, en un partido, EH-Bildu, que UPN ha combatido —como, antes de Sánchez, el PSOE— por ser heredero y defensor de la historia de una banda terrorista. La misma que asesinó a militantes de ambas fuerzas en los años de plomo, los de Patria, en el País Vasco y en Navarra.
En cuanto a la compra de votos, Adriana Lastra, que lanzó tan tremenda acusación, negada por todos los implicados, debería probarla o retirarla. Lo primero por lo visto es imposible. Lo segundo no sucederá porque el objetivo de la denuncia no era otro que desviar la atención del verdadero problema (el desatino de Batet) y ese obsceno objetivo exige sostener el embuste y no enmendarlo.
En mayo de 1985 se produjo la hasta entonces más sonada ruptura de la disciplina en el Congreso cuando un diputado votó «no» a la toma en consideración del proyecto de reforma de pensiones que impulsaba su partido. Ese partido era el PSOE y el voto en contra fue de Nicolás Redondo, secretario general de la UGT y militante socialista más antiguo que todos sus compañeros de bancada. Y es que la historia no ha comenzado ayer, como creen Sánchez y Podemos.