El Gobierno ha pedido a los agentes sociales y a los empresarios un gran acuerdo para contener sus aspiraciones para afrontar la crisis económica
Un pacto de rentas. Que los sindicatos contengan sus aspiraciones de mejoras salariales para acompasarlas a la elevada inflación y que los empresarios midan el reparto de dividendos y compartan sus beneficios. Es lo que ha propuesto el Gobierno para afrontar la crisis económica.
El profesor Rafael Pampillón Olmedo se inclina por firmar esos acuerdos y por una alianza de los dos grandes partidos emulando a los Pactos de la Moncloa para sacar al país del atolladero.
Alberto Rocha Guisande, economista y abogado, considera en cambio que ese pacto de rentas sería una intervención en la economía que resultaría perniciosa para la competitividad de las empresas, aunque defiende una contención salarial.
El efecto mariposa de indexar los salarios al IPC
Seguro que han escuchado más de una vez que el simple aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta al otro lado del mundo, es lo que se conoce como efecto mariposa. En realidad, es la constatación de que todo está interconectado y toda acción provoca una reacción en cadena, que en parte es impredecible.
Esta ley universal es la que explica por qué es tan peligroso el intervencionismo público en la economía, y más todavía cuando se hace en base a prejuicios.
Ahora se anda a vueltas con el pacto de rentas, sin reconocer que son los sectores más regulados aquellos que están provocando las mayores alzas de precios, que en el caso de los combustibles tienen el agravante de que aproximadamente la mitad de lo que pagamos son impuestos.
Pero es que, además, salvo en situaciones de monopolio o precios regulados por el Estado, presuponer que las empresas pueden actuar sobre los márgenes es no conocer la realidad, ya que, en la mayoría de los casos, los incrementos de costes no pueden repercutirse en el precio, por muchas razones, unas estratégicas, para no perder cuota de mercado, y otras meramente operativas, como son la existencia de contratos que obligan a unas condiciones que habían sido pactadas previamente.
Por otra parte, debemos tener presente que las subidas de la energía, transporte y en algunas materias primas son meramente coyunturales, de manera que los precios seguirán fluctuando tanto al alza como a la baja.
Sin embargo, esto no ocurre con los costes salariales, que por la forma en que esta regulado el mercado de trabajo solo pueden subir, consolidándose cada incremento y pudiendo desencadenar un efecto perverso, en forma de círculo vicioso sobre la inflación y la competitividad.
Esto no ocurriría si los salarios, en los convenios colectivos, tanto sectoriales como de empresa, en vez de indexarse de forma automática al IPC, se vinculasen a la productividad, sin perjuicio de los mínimos que se pacten. En este sentido, desde un punto de vista económico, los incrementos salariales en función del índice de precios, al igual que el generado por la antigüedad, cuando no se produce una mejora equivalente en la productividad, sino que vienen motivados por factores externos o el simple paso del tiempo, suponen, simple y llanamente, una pérdida de competitividad para la empresa.
En la situación actual, la clave estará en cómo se hayan negociado los convenios colectivos que resulten de aplicación en cada caso, puesto que no es lo mismo aquellos que incluyan un tope en la cláusula de revisión, que los que obligan a subir la totalidad del incremento del índice de precios. Por lo tanto, tampoco veo mucho margen para los pactos.
La difícil tarea de resolver los problemas
En nuestro imaginario colectivo, permanece la importancia que tuvieron para la economía española los Pactos de la Moncloa de 1977. Fueron el origen de otros acuerdos sociales y consensos políticos en épocas de crisis. Acuerdos que suelen firmarse cuando la economía tiene graves problemas y necesita realizar ajustes que implican un elevado coste político y/o social.
¿Es comparable la situación de los años 70 con la que se vive hoy en España? Algunos problemas coinciden: el alza de los costes energéticos, la creciente inflación y la desaceleración del crecimiento económico. Otros son nuevos, como el elevado déficit público y una deuda en máximos históricos.
En los años setenta se produjeron fuertes subidas de los sueldos, muy por encima de la inflación y del incremento de la productividad. Los Pactos de la Moncloa corrigieron esa anomalía. Ahora, en cambio, los salarios están creciendo de forma moderada, y conviene que siga siendo así. Por tanto, se hace necesario un compromiso entre los actores sociales para evitar situaciones poco deseables. Por ejemplo, la lucha de los sindicatos por aumentar de forma desmedida los salarios. O la inestabilidad en la actividad empresarial, provocada por la subida de los costes energéticos.
En definitiva, España necesita un acuerdo de esta naturaleza, pues los precios están disparados, la producción de nuestras empresas se está resintiendo y los trabajadores están intentando conseguir subidas de sus salarios con el fin de compensar las pérdidas de poder adquisitivo.
Se trataría de conseguir un pacto de rentas para moderar los sueldos y también los beneficios empresariales. Eso significa que los sindicatos tendrían que aceptar que las subidas salariales estén sensiblemente por debajo de la inflación. Y, al mismo tiempo, que los empresarios destinen una parte menor de sus ingresos a repartir dividendos. Deberían, en cambio, aumentar sus inversiones para mejorar la productividad (es decir, apostar por el capital humano y el desarrollo de innovaciones). De esta manera, los trabajadores podrán obtener unos mayores salarios en el futuro. Un acuerdo social de este tipo proporciona estabilidad, tanto desde la perspectiva de los costes salariales como de la mejora de la productividad, evitando caer en una espiral inflacionista que pusiera en riesgo la recuperación.
Junto a este pacto social se necesita un consenso político para sacar adelante los Presupuestos del 2023. La situación económica es crítica y un acuerdo político entre los dos grandes partidos nacionales se nos antoja también necesario. Sería conveniente que el Gobierno intentase pactar con la principal fuerza de la oposición unos Presupuestos que, como ocurrió en 1977, tendrían que incluir sacrificios para el conjunto de los ciudadanos. En un contexto de desorden fiscal, el hipotético pacto debería contemplar la reducción del gasto público, incluido el de los entes territoriales.
En los últimos años, la economía española ha acumulado un enorme lastre de deuda pública que le impide navegar con facilidad en unas aguas nacionales e internacionales cada vez más inciertas. Un acuerdo entre el Gobierno del PSOE y el PP daría confianza a los agentes sociales y a los mercados exteriores, lo que sería muy beneficioso para el conjunto de los españoles.
Un pacto de Estado parece difícil, pero no imposible, pues a los dos grandes partidos les puede convenir. El PSOE necesita marcar distancias con Unidas Podemos y el resto del bloque de la investidura. Con el fin de llevar a cabo una política ortodoxa, en el ámbito de la economía y de las relaciones internacionales (lo que incluye subir el gasto en Defensa). Y, para hacer todo esto, requeriría el apoyo del PP. Por su parte, el Partido Popular necesita dar una imagen de moderación (tras su pacto con Vox en Castilla y León), que refuerce a Feijoo como su nuevo líder en la escena española y europea.
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