Tras varios meses de crisis de precios en las materias primas, los gobiernos se enfrentan a una realidad que se han resistido a reconocer de manera reiterada con la esperanza de que los mercados internacionales se estabilizaran. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso de los mercados de commodities y su traslado descontrolado a las cuentas de resultados de las empresas está provocando una reacción gradual en las políticas económicas, unas más acertadas que otras.
Medir el grado de acierto o error en las políticas económicas para mitigar el impacto del brutal shock de oferta que vivimos parte de si la «evaluación ex ante» es correcta o no. En este sentido, el Gobierno ha presentado un plan netamente expansivo apoyado implícitamente en la recaudación extraordinaria que está obteniendo gracias a la inflación, la cual puede estimarse en los últimos seis meses en torno a 12.000 millones de euros. La decisión de atacar la crisis por el lado del gasto, con subvenciones al coste de los combustibles, más ERTE, más ICO y todo ello en un contexto inflacionista, supone alimentar la espiral de incremento de precios.
Por ello, el resultado más previsible es que, si no se consigue una calma en los mercados internacionales que permita empezar a reducir los precios mayoristas, el «plan Sánchez» echará más leña al fuego inflacionista. En el fondo, estas medidas no atacan al corazón del problema, el cual en materia energética y de transporte es doble: por un lado, es un grave problema el mecanismo de fijación de precios minoristas (que no de los mayoristas), donde España es una excepción europea con el 40 % de los consumidores domésticos y el 80 % de los industriales indexados al precio diario. Por otro lado, la negativa a corregir la inflación con los impuestos generales evidencia la falta de atención a un gasto más eficiente y una acción de gobierno más dirigida hacia el estímulo de la competencia en los mercados y articulación de los mercados internos para reducir los costes de las importaciones y, por ende, de los productos y servicios finales.
Es evidente que a muy corto plazo se producirá cierto alivio en los sectores más afectados a modo de «efecto placebo», tal como estima Funcas (en torno a un 1 % de reducción de la tasa de inflación). Sin embargo, la divergencia de España con respecto al resto de Europa en todas las variables macro fundamentales (PIB, empleo, inflación y productividad) es la alerta de todo aquello que el «plan Sánchez» debería tener y no tiene.