Ocho de cada diez españoles se declaran católicos. Ocho de cada diez españoles se declaran partidarios de la separación entre el Estado y la Iglesia. La sociedad española está cambiando: los matrimonios por el juzgado superan a los matrimonios por la Iglesia, los padres escogen cada vez menos la asignatura de Religión para sus hijos, los católicos ven normal el divorcio y hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Paralelamente, la práctica religiosa se ha vuelto laxa.
Seis de cada diez católicos españoles no van a misa los domingos y fiestas de guardar, es decir, cometen pecado, más que venial, contra el tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Los bautizados que han cumplido los siete años y tienen uso de razón están obligados a oír misa entera los días de precepto. La misa es un acto litúrgico comunitario de asistencia obligatoria y solo los impedidos para acudir, debido a enfermedad o problema de movilidad, están excusados.
La Iglesia católica recibe unos diez mil millones de euros anuales, a través de las casillas cruzadas y no cruzadas de las declaraciones de la renta, de las exenciones fiscales derivadas de un concordato anacrónico y de las subvenciones a colegios de titularidad privada e ideario religioso con los que mantiene conciertos educativos. Otra cosa son los fondos destinados a la conservación del patrimonio eclesiástico o a las organizaciones católicas que cumplen como pocas unos fines sociales, caso de Cáritas.
Los que se declaran, además de católicos, partidarios del neoliberalismo debieran discrepar de que cada año se efectúe una transferencia multimillonaria de un Estado democrático, España, a un Estado teocrático, el Vaticano, y debieran pagarse sus servicios religiosos privados, puesto que residen en un Estado que, según la Constitución, es aconfesional. Las estadísticas sobre practicantes y las cuentas sobre cotizantes estarían más claras si la Iglesia se financiase, por ejemplo, cobrando a cada feligrés las misas a cinco euros.