A cualquier profano en materia jurídica, como es mi caso, le costará entender que el derecho europeo esté por encima del nuestro. Quizá porque Hispania resultó fundamental en el ordenamiento jurídico más relevante de la historia: el derecho romano. Ahora, que no existe Hispania, quien ordena es el derecho luxemburgués (sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), lugar que como es sabido posee un floreciente pasado en la creación del corpus legislativo de Occidente: ya solo la ironía nos protege del tedio y la herida. Digo que el 5 de mayo el alto tribunal europeo dictaminó que los accionistas del Banco Popular nada pueden reclamar al Banco de Santander, entidad que en una aciaga madrugada de hace casi cinco años se quedó con el Popular por el módico precio de un euro. Decían entonces las lenguas bancarias que solo su valor patrimonial superaba los 11.000 millones de euros. Eso era lo de menos. También se demostró que el banco era solvente, a pesar de la crisis de liquidez que estaba sufriendo y que llevó a la Junta Única de Resolución (JUR) a venderlo. Se hizo de noche, o sea, con nocturnidad. Lo de alevosía no lo anoto. Y sin que mediase subasta o se testase el interés de otras compañías por el Popular, se vendió.
Más de trescientas mil familias, muchísimas coruñesas, tenían invertidos sus ahorros o parte de ellos en acciones del Banco Popular que, anteriormente, se había hecho con nuestro Banco Pastor. Y comenzó el baile por los juzgados. Obviamente, esos trescientos mil inversores se sintieron estafados. Se presentaron aproximadamente unas 17.000 demandas por la vía civil. Y los jueces españoles, la inmensa mayoría, dio la razón a los accionistas. Resulta que habían sido engañados (Europa no lo discute). Los peritajes señalaron que el folleto de la ampliación de capital del 2016 del Banco Popular era falso. En buena lógica, nuestros jueces, que son los que saben de derecho, fallaron a favor de los accionistas y contra del banco comprador. Pero llegó el 5 de mayo y, respondiendo a unas preguntas prejudiciales de la Audiencia coruñesa (qué paradójico todo), el TSJUE señaló que se habían quedado sin nada. Imaginen ustedes a las trescientas mil familias. E imaginen también la cara de los jueces que aplicaron, como corresponde, la legislación española. Los mismos jueces que hace años reclaman que Europa devuelva a prófugos independentistas.
Este cuento, aún inacabado, resulta tan humillante para el sentido común que he vuelto a Kafka y sus pesadillas. Recuerdo el relato Ante la ley. En él un hombre pretende cruzar la puerta de la Ley, pero un Guardián se lo impide. Al final, cuando el hombre se muere, el guardián le dice: «Ninguna otra persona podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta. Esta entrada estaba reservada para ti. Ahora me voy y cierro la puerta». Espero que alguien pueda abrirla.