La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia entró en vigor el 1 de enero del 2007. Pasados estos quince años y estando en este contexto de pospandemia, el análisis de la situación arroja muchas luces y no menos sombras.
Que la primera parte del título de la norma (promoción de la autonomía personal) haya pasado a un segundo plano y el texto se conozca popularmente como «ley de la dependencia» ya resulta muy significativo.
No cabe negar el avance en protección social de las personas en situación de dependencia, solo hay que ver las cifras para confirmarlo. No obstante, el número de personas fallecidas mientras estaban a la espera de que la Administración les reconociera sus derechos sigue siendo insultante; la enorme disparidad entre comunidades autónomas a la hora de resolver los expedientes clama al cielo; las residencias de ancianos siguen siendo un suculento sector de negocio que no para de crecer. De esta manera, quien tiene pasta puede disfrutar de unos cuidados que el Estado es incapaz de proporcionarle, aunque una ley diga que tiene derecho a ello.
Los estudios demográficos indican que los españoles necesitaremos en un futuro no muy lejano un sistema de dependencia mucho más sólido que el actual: la pandemia ha dejado entrever con total transparencia —para quien quiera verlas— las carencias tanto de nuestro sistema sanitario como de nuestro sistema de atención a la dependencia.