Ayuda de 200 euros: parche o solución
OPINIÓN
Hace unos días, el Gobierno de España aprobó una ayuda de 200 euros, destinada a las familias con menos recursos y que no perciben el ingreso mínimo vital. Se trata de una aportación, de pago único, dirigida a aliviar las dificultades económicas causadas por la inflación. Sin embargo, esta paga se incluye dentro de un paquete de medidas más amplio. En efecto, se ha hecho un aumento de gasto público y una reducción de impuestos por valor de 9.000 millones de euros. Si a esto le añadimos las iniciativas previas en luz y carburantes, el resultado es que el déficit público se eleva en 15.000 millones.
¿Quién va a pagar este agujero de 15.000 millones? La respuesta es simple: el Reino de España. Lo que significa que nuestro país seguirá aumentando el déficit público. Y se situará como el Estado con más déficit de la Unión Europea. Como es sabido, el déficit se financia emitiendo deuda pública, por lo que seguiremos estando entre los más endeudados de Europa.
En teoría, estos aumentos del gasto público y de la renta disponible de las familias (que se destinará sobre todo al consumo) van a aumentar la demanda y, con ello, los precios y la producción. Sin embargo, con un aparato productivo en dificultades es seguro que lo que aumente, sobre todo, sean los precios. Se da la paradoja de que se han aprobado unas medidas para corregir el elevado crecimiento de los precios, pero que, desgraciadamente, van a tener más efectos inflacionarios.
¿Aumentarán estas medidas el crecimiento económico? Muy poco. Para que este aumento de la demanda se convierta en un crecimiento elevado y sostenible de la producción, debe haber un contexto en el que existan recursos económicos sin utilizar. Es decir, para que haya crecimiento, la expansión de la demanda debe ir acompañada del correspondiente aumento de la cantidad ofrecida. Si no se cumple esta condición, el intento de expansión de la demanda agregada acabará solo en un aumento de la inflación y de las importaciones, como desgraciadamente ya está ocurriendo.
Es sabido que la capacidad de las empresas para producir se encuentra en serias dificultades. Esto se debe a la escasez de semiconductores, la falta de mano de obra, huelgas y los elevados precios de los fletes. Pero quizá la mayor dificultad para fabricar son los brutales incrementos de los precios de las materias primas. En primer lugar, el petróleo se ha encarecido más de un 58 % en los 12 últimos meses. Esto hace que suba también el precio de los combustibles y lubricantes para los sectores del transporte, la pesca y la agricultura. En segundo lugar, se ha disparado el precio del gas y, por tanto, el de la electricidad. La guerra de Putin alimenta una crisis energética imparable, que también sufren las empresas. Algunas compañías ya han paralizado parcialmente su producción. Otras han tenido que echar el cierre.
Bienvenidos sean los 200 euros. Una medida social aparentemente intachable: discrimina socialmente en favor de los más pobres. Pero la filosofía económica que está detrás, que consiste en aumentar la demanda, los precios, las importaciones, el déficit y la deuda pública, no es lo que necesita España en el momento actual. ¿Y por qué? Pues porque es la oferta productiva y no la demanda agregada la que se ha visto más perjudicada en esta crisis.