En los últimos días, son muchas las noticias que han aparecido acerca de diversas huelgas que trabajadores de aerolíneas y aeropuertos están llevando a cabo en verano como forma de reivindicar mejoras laborales y salariales. Ryanair, EasyJet, Air France y Transavia son algunas de las compañías que han anunciado huelgas, lo que podría alterar el desarrollo de sus vuelos e incluso cancelar algunos de ellos.
Pese a las molestias e inconvenientes que puedan causarnos, debemos respetar y defender el derecho de huelga de los trabajadores y su lucha por conseguir mejoras. Resulta evidente que estos paros ejercen más presión a la empresa en aquellos momentos en los que pueden perjudicar más sus intereses. Y es por eso que en el sector aéreo se deciden a realizarlas en pleno verano, cuando la demanda de vuelos por parte de los usuarios es mayor.
Desde Facua-Consumidores en Acción no podemos dejar de hacer un llamamiento al diálogo entre las compañías aéreas y los representantes sindicales para que, en el contexto de las huelgas, se intenten minimizar los perjuicios que vamos a sufrir los consumidores como consecuencia de ellas.
Pero también debemos insistir a las administraciones en la necesidad de controlar que las aerolíneas cumplen con las obligaciones que recoge el reglamento europeo que regula nuestros derechos como pasajeros. Deben darnos toda la información necesaria y prestarnos la asistencia recogida en dicha normativa.
Así, el Ministerio de Transportes debería garantizar la presencia de inspectores en los aeropuertos para verificar si las compañías informan a los usuarios de su derecho a recibir compensaciones —de entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo— en caso de cancelaciones, además de tener que facilitarles un transporte alternativo o la devolución del importe del billete si este no le conviene. También comida y bebida durante la espera y el debido alojamiento en caso de que deban hacer noche y estén fuera de sus ciudades, y transporte entre el hotel y el aeropuerto.
Estos derechos, además, no solo son aplicables cuando ocurre una cancelación, sino que la justicia europea estableció que son extensibles en caso de que un vuelo se retrase más de tres horas.
También creemos necesario que se ponga en marcha un protocolo de información en colaboración con Aena, la autoridad aeroportuaria, de forma que cuando un vuelo resulte cancelado o sufra un gran retraso, los paneles informativos de los aeropuertos insten a los pasajeros a informarse sobre su derecho a recibir compensaciones y, en su caso, indemnizaciones por daños y perjuicios.
En definitiva, es tarea de las administraciones velar por el buen cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las aerolíneas, así como sancionar las malas prácticas. De esta manera, al mal trago que sufre el usuario al ver sus vacaciones alteradas no se le suma la impotencia de comprobar cómo sus derechos son ignorados por las compañías.