En materia de energía, cuando se dan situaciones críticas no hay soluciones mágicas. Conviene prescindir de las ocurrencias y aprender de las experiencias. Ahora mismo se intenta que las medidas coyunturales frente a la actual crisis de suministro tengan efectos a corto plazo. Sin embargo, el intervencionismo en la estructura productiva permitiría que, a medio plazo, el Estado tuviese capacidad de gestión sobre fuentes de energía más baratas y más almacenables, como las hidroeléctricas, para compensar la inexplicable subasta de kilovatios y limitar la inevitable dependencia de oligopolios.
Cuando se planteó en el Parlamento que las centrales hidroeléctricas pasasen al Estado en cuanto caducasen las concesiones, el PSOE se hizo el sueco, tachando la propuesta de anacrónica e insistiendo en que la pobreza energética se combate con el bono social y el ajuste fiscal. Se ve que los conceptos de transición ecológica y soberanía energética son más fáciles de difundir que de asumir. Seguro que los votantes socialistas son partidarios de que se intervenga a fondo en el mercado eléctrico, como se hizo con la excepción ibérica, pero los diputados socialistas, ante la proposición de ley para la creación de una empresa pública de energía, presentada por sus socios, votaron en contra, junto a populares y liberales, que siguen a lo suyo: mercado, negocio y beneficio empresarial, dando por bueno que España tenga uno de los sistemas energéticos más privatizados del mundo.
El intervencionismo estatal en el entramado de empresas productoras de energía no es cosa de comunistas. Ahí están los ejemplos de grandes empresas públicas en países capitalistas: TVA (Estados Unidos), EDF (Francia), Enel (Italia) o Vattenfall (Suecia), aunque operen en condiciones muy diferentes. Por ejemplo, la empresa pública sueca, tras sus experiencias con combustibles fósiles y con centrales nucleares, ha vuelto a sus orígenes hidroeléctricos. Hay maneras y maneras de hacerse el sueco.