¿Impuestos a los ricos?

Maite Cancelo PROFESORA DE ECONOMÍA APLICADA DE LA USC

OPINIÓN

María Pedreda

27 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El debate que estamos a ver con la supresión del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía, la bonificación del 50 % en Galicia y su estudio en la región de Murcia (en la Comunidad de Madrid, ya se había eliminado), a la vez que desde el Gobierno de España se plantea, como «contraataque», establecer uno a las grandes fortunas, nos debe llevar a reflexionar sobre este tipo de impuestos y sus efectos, recaudatorios, pero, también, sobre la actividad económica y la creación de empleo.

Este impuesto, suprimido como tal en los otros países de la UE, tiene escasa capacidad recaudatoria (en los presupuestos del Gobierno gallego del 2022, la estimación de recaudación solo suponía en torno al 1 % del total de los ingresos por impuestos), supone una doble imposición (desincentivando, por lo tanto, el esfuerzo empresarial y la asunción de riesgos) y afecta más a las rentas medias (con menos capacidad de eludir el impuesto) con lo que la equidad teóricamente buscada al implementarlo, no se consigue.

Penaliza el ahorro y, por lo tanto, a la inversión, por lo que tiene efectos negativos sobre el crecimiento y la creación de empleo. De hecho, en el año 2008, gobernando Zapatero, se aprobó una bonificación del 100 % del impuesto (o sea, la paralización del tributo) para hacer frente a la crisis económica ya que consideraba que, además, afectaba solo a las clases medias.

Por otro lado, el anuncio de la ministra de Hacienda, de establecer un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas tiene un gran problema de entrada: se tendría que aplicar en comunidades autónomas que ya aplican patrimonio por lo que, ya no hablaríamos de doble imposición, sino de triple imposición.

Además, la experiencia de la implementación de este tipo de tributos en otros países (por ejemplo, Francia) tuvo como efecto la fuga de grandes capitales hacía otros territorios, por lo que, estos impuestos acaban suprimiéndose, al no conseguir los objetivos buscados en su establecimiento y tener efectos negativos al expulsar del país a posibles inversores.

Porque a la hora de imponer nuevos tributos (o discutir los que se están aplicando) hay que tener en cuenta: el objetivo, su eficacia, su equidad y, además, su impacto en el crecimiento económico y en el empleo. Y, en este caso, los llamados impuestos sobre la riqueza, se han demostrado ineficaces, ineficientes y con poca capacidad recaudatoria, por lo que su implementación no deja de ser una cuestión de venta política/ideológica sin impacto real de mejora para los ciudadanos y sin ventajas económicas adicionales.