La realidad existe en la medida en que la observas. A veces algunas historias se entenderían mejor si se observaran desde las perspectivas de la actuación de los lobis, los grupos de intereses, los grupos de influencia o cabildeo. La importancia de la actividad de estos grupos de interés o lobis ha sido analizada en un trabajo reciente realizado en la Universidad Complutense, dirigido por Alfredo Arceo. Un análisis descriptivo de la actividad de los lobis en España atendiendo a los principales tipos que intervienen: las organizaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil (ONG, agrupaciones ecologistas, asociaciones de consumidores o de pacientes) y las consultoras con servicios de asuntos públicos. Estudio que permite, desde un asequible resumen ejecutivo, una aproximación a la actividad de los grupos de interés en España. Previamente, Transparencia Internacional publicó otros estudios sobre la evaluación del lobi en España y Europa.
Me reconozco un apasionado del conocimiento de los lobis, también de los que existen pero no afloran, de aquellos que son líquidos pero reales. Siempre he creído que los lobis son organizaciones necesarias en las sociedades, sean lobis políticos o económicos, también sociales. Más o menos reglados, pero nunca opacos, ocultos, disfrazados. Por eso sorprende que la regulación y declaración de los lobis en España aún no exista, y que haya sido este martes pasado cuando el Consejo de Ministros ha conocido o tomado en consideración el anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, fruto del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y del imperativo de su regulación reclamado con insistencia por parte de la Unión Europea; imperativo aplazado a pesar de que la carencia de su regulación en España ha sido considerada como una gran laguna jurídica por el Consejo de Europa y el Greco —grupo de estados contra la corrupción— y que la Administración española aborda con un considerable retraso.
El anteproyecto comienza un largo trayecto para al fin instaurar lo que es habitual en otros países de Europa, y en lo que fueron pioneros los EE.UU., una legislación propia sobre los grupos de interés, con un registro obligatorio y unificado de las entrevistas entre los políticos y los grupos de presión. Un anteproyecto al que le espera un largo camino de debate y enmiendas, que esperemos que no tengan por objeto dilatar su tramitación, sino su negociación y mejora. Enmiendas que se adivinan mayores tras la exclusión en el anteproyecto como «grupos de interés» o lobis de las organizaciones empresariales, los sindicatos y los partidos políticos, algo singular en relación a las legislaciones europeas. Pero también un comienzo para aflorar las influencias, tan opacas.