Lo dijo Pedro Sánchez en los corrillos el día de la Constitución —menuda contradicción—. El Gobierno va «a por todas», lanzó a modo de advertencia, quizá amenaza, para colocar en el Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia y a una ex alto cargo que ha validado varias veces los postulados de los secesionistas catalanes. El golpe de mano no se ha hecho esperar. En una semana políticamente inhábil, el PSOE ha llevado al extremo el órdago de los independentistas de Esquerra para cobrar por su apoyo a los últimos Presupuestos de la legislatura y bendecirá en el Congreso sus enmiendas para que Oriol Junqueras y el resto de condenados del 1-O puedan cobrar pronto de nuevo del erario público de todos los españoles. Inexplicable y éticamente discutible que el mismo presidente que accedía a prohibir las puertas giratorias en la Justicia intente colocar a los suyos a cualquier precio.
Poco importa que se vulneren casi todos los principios éticos: menos pena para los corruptos —sobre todo si son independentistas e imprescindibles para el Frankenstein—, legalización de las ocupaciones de espacios públicos «si son pacíficas», amenaza de cárcel a los miembros del Poder Judicial que no se sometan al tercer cambio legal sobre sus competencias, destinado únicamente a forzar el enchufe de dos políticos en el máximo órgano de garantías del Estado... Todo ello aderezado con el señuelo del enriquecimiento ilícito de los políticos, porque, claro, seguro que habrá alguno tan despistado —o tan separatista— que admita en su declaración de bienes haberse lucrado durante su paso por la política. Si solo van a servir...
Las exigencias de los independentistas para contar con un Código Penal y un Constitucional a la carta han encendido las alarmas incluso de los más radicales, como Íñigo Errejón, habitual adulador de las dictaduras de izquierdas latinoamericanas.
Pero a Sánchez le da igual. No oye más que a sus más cercanos e ignora incluso a veteranos de las urnas como García-Page o Lambán. Incluso a noveles que le deben el puesto como Luis Tudanca o Juan Lobato, candidatos en Castilla y León y Madrid. Al líder socialista le da incluso igual que la mayoría de sus votantes rechacen la cascada de concesiones a los separatistas. Confía en que el cabreo se pase, y se pague, en las municipales. Debería preguntarle a Zapatero y a Rajoy sobre la memoria de los votantes y las mentiras de los políticos.