El Parlamento español está tramitando un nuevo impuesto a la banca, el cual gravará el 4,8 % de la suma del margen de intereses y los ingresos por comisiones y cuya duración es todavía una incógnita. Tal como señala el presidente del BBVA, este impuesto va a tener como efecto un parón del desarrollo económico y de la inversión, ya que afecta a un sector neurálgico para la actividad financiera, que no está atravesando circunstancias extraordinarias debido al alza de los tipos, y restringirá el crecimiento económico.
La única cuestión en la que se ha admitido un cambio es en la definición de los sujetos pasivos del gravamen al incluir a las entidades extranjeras con actividad en España y sujetas a la supervisión única del Banco Central Europeo (BCE), mitigando de esta forma el problema de competencia y discriminación que existía anteriormente al estar restringido solo a entidades nacionales, generando un efecto frontera que afecta de lleno al principio europeo de la libertad de movimiento de capitales que defiende en sus sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En cualquier caso, podemos señalar que la ambición política puesta en este proyecto de ley desborda cualquier racionalidad económica y la complejidad del mercado bancario de los últimos años. Indudablemente, esta nueva carga fiscal reduce el potencial crecimiento de la rentabilidad, mientras que aumenta el coste de capital. Además, el informe emitido por el BCE criticaba el referido impuesto y no descartaba que los importes cobrados se terminen repercutiendo al cliente final. Por otra parte, el diseño del tributo permite gravar incluso a entidades en pérdidas.
El nuevo impuesto a los bancos se espera que esté aprobado en el Senado este mes. Si recibe nuevas enmiendas tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva. Las empresas siguen tratando que los grupos más afines a sus pretensiones hagan nuevas alegaciones al texto aligerando la carga tributaria. Al margen de ello, las compañías ya han anunciado que acudirán a los tribunales por lo que consideran un impuesto discriminatorio, alejado del marco europeo y que implica doble tributación. La seguridad jurídica también está en juego, según se indica desde varias entidades financieras, tales como Bankinter, que considera que la medida responde a «criterios emocionales o simples caprichos».
Consideramos importante destacar que más de veinte financieras de consumo deberán pagar el impuesto a la banca, como la del Corte Inglés, entre otras.
Finalmente, señalaremos otra cuestión importante que casi nada menciona y es que la banca tiene un papel esencial en el crecimiento económico y que debe acumular recursos en los buenos tiempos por si son necesarios durante los malos, es lo que se llama políticas contradictorias. Y, por otra parte, el consejero del banco Sabadell recordó que la autoridad bancaria europea insta a las entidades a reflejar en el precio de sus préstamos todos los costes relevantes, incluidos los impuestos.