Siempre a vueltas con Gibraltar. Es la cuestión espinosa que se interpone en la amistad necesaria de dos naciones que —más allá del dichoso brexit— lo comparten todo. Una visión del mundo, intereses análogos y fascinación mutua que cada año lleva a millones de nacionales de cada país a visitar o incluso establecerse en el otro. Pero la historia pesa, y para el Reino Unido del brexit, Gibraltar es un vestigio imperial especialmente ligado a la sensibilidad de una nación siempre sentimental con su pasado. Para el españolismo castizo, el Peñón es el puntal de un irredentismo patrio en torno al que construir ruidosos consensos pasionales; no es poco en un país en el que lo más obvio y mínimo es objeto de división y riña. Para españoles y británicos, más allá de la importancia económica o estratégica, Gibraltar es un símbolo, con todos los lastres y peajes que ello implica.
Desde que el 31 de diciembre del 2020 terminase el período de transición, y se consumase la salida del Reino Unido de la UE, se negocia intensamente en distintos frentes. Uno de ellos, el que nos ocupa, tiene que ver con el futuro estatus del Peñón… Su encaje en el espacio Schengen, el tránsito de bienes y personas (15.000 seres humanos al día cruzan la verja) y la compatibilidad de una gestión compartida de fronteras con la presencia de cuerpos y fuerzas gibraltareñas, españolas y europeas —de la Guardia Civil a Frontex— en la gestión diaria de todo ello. Sin olvidar cuestiones como el reconocimiento mutuo de los permisos de conducir. Para el Reino Unido, la línea roja es el ejercicio de una soberanía que —así lo reclama un Gobierno gibraltareño tan europeísta como desdeñoso con Madrid— debe ser plena. España busca un acuerdo posibilista y quizás incluso creativo que permita convertir, en mitad de la melé del brexit, la famosa verja en un recuerdo. Pero no podemos negar que, en el guirigay en el que se ha convertido la política que se practica en Londres, nuestro Gobierno también ha visto —artero— su oportunidad de buscar ganancias políticas netas, y hacer valer un mayor peso político dentro de la UE, con Gibraltar como pivote.
Quedan muy lejos los tiempos galanos del acuerdo Straw?Piqué, a comienzos de este siglo, cuando el realismo de los ministros de exteriores de ambos países configuró la opción —nunca materializada; quizás incluso imposible— de una soberanía conjunta como la mejor solución a futuro para Gibraltar. El rechazo de los ciudadanos del Peñón fue en efecto tan intenso como feroz. Las buenas intenciones dieron paso a los desacuerdos incensarios. De la polémica estéril del crecimiento ilegitimo de Gibraltar a través de distintos proyectos urbanísticos que, según la visión española del estatus de Gibraltar, invadirían aguas españolas, a incidentitos fronterizos —menores pero televisivos e innecesarios— o declaraciones subidas de tono de políticos de uno y otro lado.
En todo ello, es de aplaudir la discreción y sensatez con la que aparentemente se han llevado adelante durante casi dos años unas negociaciones que, según el ministro Albares, están cerca de concluir con un acuerdo, que ojalá merezca el nombre de histórico.
El brexit y sus consecuencias indeseables son una realidad, y en el seno de ese marasmo, quizás las dos naciones mejor situadas para entenderse y mostrar que hay vida tras la separación son España y el Reino Unido… unidos por todo y solo separados por un conflicto histórico —trascendental— pero pequeño comparado a todo lo que, juntos, nos hace (mucho) más fuertes a españoles y británicos.