El reto de las jubilaciones masivas
OPINIÓN
El uso del lenguaje a veces requiere esquivar la moderación, si lo que se busca es alertar de lo que está por venir, con la sana esperanza de evitar lo inevitable.
Los jueces de este país tenemos un grave problema de salud laboral. Lo resumía perfectamente, hace unos meses, en un curso de prevención de riesgos laborales, el magistrado Antonio Jesús Rodríguez Castilla (Córdoba, 1972) quien sentenció: «Se pueden hacer sobreesfuerzos durante un tiempo, pero no se puede mantener un sobreesfuerzo todo el tiempo».
Cada vez hay más trabajo. La tasa de asuntos litigiosos sigue aumentando. En el año 2021 fue de 132,4 asuntos por cada 1.000 habitantes; y en el año 2022 la previsión ofrecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que la tasa será muy superior, ya que habrán 3.284.200 asuntos en trámite (un 4,4 % más que el año anterior), 1.729.500 sentencias dictadas (un 3,8 % más) y un total de asuntos ingresados de 6.678.300 (6,5 % más), de los que se habrán resuelto 6.539.000 (un 3,5 % más). Esta tendencia supone enfrentarse a lo inabarcable y a la terrible sensación de intentar detener con las palmas de la mano el flujo de una incesante cascada.
Cada vez somos menos jueces. Según el CGPJ, en abril de 2022, había más plazas en los órganos judiciales (5.726) que jueces en la carrera judicial (5.521), lo que supone 205 plazas vacantes. A nivel europeo, cada vez nos alejamos más de la media de número de jueces por cada 100.000 habitantes (17,60). En España, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes ha pasado de 11,6 en el año 2019, a 11,2 en el 2022. Por ejemplo, Italia cuenta con 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, Finlandia con 19,5, Alemania con 25 (más del doble que España) y Eslovenia con 41,5.
Los jueces españoles, en unas condiciones muy desfavorables, resuelven por encima de la media europea. No hay que olvidar que carecemos de la fijación de unas cargas máximas de trabajo, lo cual repercute en una ausencia de criterios para acreditar la necesidad de incremento de la planta judicial, de medidas de refuerzo y, lo que es más importante, para la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales.
Pues bien, con estos mimbres, la Administración de Justicia se va a enfrentar a uno de los mayores desafíos de esta primera mitad de siglo: las jubilaciones masivas en la carrera judicial.
En los próximos diez años se jubilará, como mínimo, un 32 % de la carrera judicial actual (unos 1.760 jueces). Esta situación no es previsible que pueda revertirse con la tasa de reposición, pues el número de plazas ofertadas en el 2022 para el ingreso de futuros jueces en la Escuela Judicial (120, más 80 para fiscales) fue inferior a las ofertadas en el 2021 (139, más otras 101 para fiscales) y aún es menor la prevista para el año 2023 (se prevén 200 plazas en total para jueces y fiscales).
De mantenerse durante los próximos diez años el indicado ritmo de ingreso de nuevos jueces, nos encontraríamos con un déficit de 560 jueces, tan solo teniendo en cuenta la previsión de jubilaciones. Según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, de cumplirse el número de jubilaciones y mantenerse la tendencia en la tasa de reposición, en el año 2030 España tendrá 10,06 jueces por cada 100.000 habitantes, que nos alejaría más aún de la actual media europea de 17,60.
Sin embargo, no es solo una cuestión de más jueces. Es vital una reorganización de la Administración de Justicia. Los datos a nivel europeo acreditan que la inversión en Justicia realizada por España ha sido elevada, en comparación con otros países de nuestro entorno. Pero se tiene que invertir eficazmente. Una Justicia fuerte, dinámica, moderna y que trate bien a sus recursos humanos es un valor seguro para cualquier Estado.
Como ya decía, la Administración de Justicia se enfrenta a un reto mayúsculo. El Ministerio de Justicia y el CGPJ son conocedores de la situación y, a día de hoy, no existe ningún plan para abordar el problema de las jubilaciones masivas. Aunque nuestros políticos viven en el cortoplacismo, este problema es una cuestión de Estado. No hacer nada no puede ser una opción, porque las consecuencias no solo serán desastrosas para los jueces que queden, debido al progresivo empeoramiento de sus condiciones laborales, sino para los propios ciudadanos, por la inevitable merma de la calidad del servicio público que se les puede prestar. Y es que, al fin y al cabo, una buena salud laboral del juez asegura una buena Justicia para la ciudadanía.