Ley de vivienda: la chapuza que pasa la obligación del Estado a los particulares
OPINIÓN
Una vez más, llegan las elecciones y, con ellas, las promesas electorales que nunca se cumplen. Hace unos días, Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que va a aportar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. En el día de hoy aumentó dicho número con 44.000 viviendas más y, tal y como dije en una entrevista a una radio, si entonces nos lo tomamos con humor, ahora lo hacemos a carcajadas.
Solo cabe recordar que hace unos años el ministro Ábalos prometía 100.000 viviendas para alquiler social. Tuvieron que salir a corregirlo y rebajar dicha suma a 50.000. Ni las 100.000, ni las 50.000. Nunca se cumplió dicha promesa, y mucho menos se va a cumplir ahora. Parece un trabajo de prestidigitador, que en vez de conejos saca pisos de la chistera.
El anuncio de las 50.000 viviendas de la Sareb se desmontó en menos de un día. No hay esas 50.000 viviendas para que puedan ser ocupadas de inmediato. Como mucho 9.000, y no en las grandes ciudades, sino en pequeñas poblaciones, ya que las viviendas que la Sareb tenía en las urbes y que estaban en condiciones se vendieron o las alquilaron a razón de 800 o 900 euros mensuales, y hay que tener en cuenta también las okupadas. Ahora lo que queda son en su mayoría estructuras sin terminar y solares. Viviendas habitables, muy pocas.
La solución está en la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler social. Que los ayuntamientos cedan suelo público a las comunidades autónomas y que estas las construyan y administren, haciendo inspecciones anuales de los pisos, su estado y la renta de sus inquilinos, para que, si viniesen a mejor fortuna, saliesen de la vivienda y la dejasen para otras personas que lo necesiten.
En cuanto a la ley de la vivienda, es otra chapuza que, lejos de solventar el problema de vivienda en España, lo que va a promover es que se dejen de poner viviendas en alquiler.
Por ejemplo, se establece que, en caso de que un inquilino deja de pagar la renta, si se encuentra en situación de vulnerabilidad no pueda ser desahuciado durante dos años. ¿Quién le paga al propietario las rentas de esos dos años?
Es necesario que los propietarios tengan una seguridad jurídica que les asegure el cobro de las rentas; podría ser con avales del Estado, por ejemplo, o subvenciones y ayudas para los jóvenes para hacer frente a la fianza, avales bancarios, etcétera.
Asimismo, se prometen beneficios fiscales para los propietarios pero no se dice cuáles; también lo decía la LAU de 1994, en caso de que por los ingresos de los inquilinos no se les pudiese actualizar la renta se les daría beneficios fiscales. Ya llovió desde el año 1994, y ningún beneficio fiscal se les dio a dichos propietarios.
El parque de viviendas en España en su mayoría está en manos de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas además de la que ocupan, y que las alquilan algunos como fuente primordial de ingresos y otros para mejorar un poco las pensiones que cobran.
Resumiendo: el Estado es quien, por orden constitucional, está obligado a facilitar viviendas a los ciudadanos y no traspasarle esa obligación a los particulares, obligándoles además a cumplir una serie de requisitos que les perjudican seriamente, y que es lo que hace que cada vez se ofrezcan menos pisos en alquiler.