La víctima «estaba privada de todo sentido» y «en condiciones deplorables». «Es imposible no concluir que fue utilizada como un objeto a modo de juguete sexual, sin que haya la menor sombra de consentimiento». El agresor sabía que la mujer se encontraba «bajo los efectos de un sopor etílico que la conduciría después a la inconsciencia». Las comillas acotan fragmentos de una sentencia judicial. La que condena a José María López por cometer un delito de abusos sexuales mientras concursaba en Gran Hermano. Por si el episodio no fuera suficientemente repugnante, la guinda se la pusieron en el programa, enseñando el vídeo a la agredida sin más, bajo la supervisión del súper, como si fuera una polémica más del reality. El visionado de las imágenes desencadenaron en la víctima «malestar, sorpresa, dolor y, posteriormente, ansiedad y estrés, que en fechas posteriores condujeron a un trastorno psicológico». La pena, quince meses de prisión, cuatro años de alejamiento y 6.000 euros como resarcimiento del daño moral, sanción de la que deberá responder también Zeppelin Televisión. Y queda esa sensación de que todo esto ha salido muy barato a los culpables y muy caro a la víctima. Porque el castigo importa, no solo para los que han sido atacados, también como lectura para el resto de la sociedad. Que se lo digan a las mujeres que han visto a sus violadores salir de la cárcel por las rebajas de penas que no se iban a producir. Quince meses de prisión, una multa de 6.480 euros y una indemnización por otros 5.535 para el Ayuntamiento es lo que pidió el fiscal para un vecino de Salinas de Pisuerga, en Palencia, por cortar un árbol de treinta años en la vía pública durante el confinamiento. Las comparaciones son odiosas. Esta, mucho.