¿Comer pollo o calentar la casa? Esta es una de las decisiones a las que están abocadas las familias de casi el 11 % de la infancia en España. Son aquellas que viven en condiciones de privación social y material severa, un indicador que se compone a su vez de otros trece entre los que se encuentran la alimentación con carne o pescado, la temperatura adecuada del hogar o la posibilidad de sustituir una mesa de estudio o una cama rota. Sí, en España, y en Galicia, hay niños y niñas que viven en la pobreza. De hecho, si ampliamos la mirada al siguiente grupo vulnerable, hasta un tercio de nuestra infancia se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Al límite de tener que tomar esas mismas decisiones, tan duras, en su vida cotidiana.
Las cifras en Galicia son ligeramente inferiores a la media nacional, con una mejoría en la última medición, pero con un empeoramiento si se compara con los años previos a la pandemia, que ha sido un hecho determinante en el crecimiento reciente de la pobreza infantil. Cabe señalar que estos datos preceden al estallido inflacionario que, como siempre, impacta más en los más vulnerables. La inflación decide por los pobres, arrasando sus derechos y sus opciones para una vida digna.
Aunque la pobreza infantil no distingue origen ni situación, se ceba en la población migrante y en los hogares monoparentales, casi todos con una madre sola a cargo. El 76 % de los hogares gallegos con padre y madre migrante se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social fruto de los factores estructurales que sostienen la pobreza: la baja intensidad y precariedad del empleo, el coste de la vivienda y la limitada protección social de las familias y por lo tanto de la infancia.
A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, de la recuperación del empleo tras crisis sucesivas y del desarrollo de un tejido de organizaciones sociales activas frente a la exclusión social, esta se ha enquistado en algunos grupos de población que no cuentan con las redes económicas y familiares para sostenerse por encima de la línea de la pobreza. Cabe señalar, para escarnio de todos, que los indicadores muestran cifras significativamente peores para los niños y niñas que para la población general. Lo que quiere decir que en España penalizamos a las familias con hijos que no pueden pagar la comida, los libros, la energía y la vivienda con la retribución que reciben por empleos en la frontera de la explotación.
Las soluciones están en esos mismos factores: empleo digno, conciliación familiar, vivienda asequible y precios contenidos de productos esenciales. Además, dadas las injusticias y la desigualdad en estos terrenos, resulta esencial la protección social de las familias con hijos e hijas. A pesar de algunos avances recientes, como el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, el nuestro es de los países europeos que menos reduce la pobreza infantil tras aplicar las transferencias sociales, apenas 6 puntos. A diferencia de otros colectivos, España aún protege poco y mal a su infancia.
En esta recta final de la legislatura se está debatiendo en el Parlamento la Ley de Familias que, entre otras medidas de ampliación de la protección social de todo tipo de familias, incluye la prestación por crianza de 0 a 3 años. Las organizaciones de infancia hemos pedido que esta prestación sea universal y se vaya ampliando para incluir a todos los menores de 18 años. Esto sería un paso determinante en la protección social a la que tienen derecho quienes ven vulnerados su derecho a una alimentación saludable o a una vivienda digna.
Tenemos la obligación de garantizar que todos los niños y niñas en España pueden disfrutar de su ocio, tener al menos dos pares de zapatos en condiciones y estudiar en una mesa, bien alimentados, a una temperatura adecuada y con un mínimo de seguridad sobre su futuro.
Estamos en el siglo XXI, no en el XIX.