Feijoo promete que, cuando sea presidente, bajará todos los impuestos a la clase media. Como sabe que una cosa es la realidad y otra la percepción de la misma, pues todos los españoles nos consideramos de clase media, sea media-alta, media-baja o media-media, promete que bajará todos los impuestos a todos. Claro que no todos creen que lo vaya a hacer, ni todos piensan que, si lo hiciese, eso iba a ser beneficioso para la clase media.
Bajará, de modo extraordinario y temporal, impuestos directos, como el de autónomos, e impuestos indirectos, como los de productos de consumo familiar. Eliminará el de patrimonio, siendo que somos un país de propietarios. Deflactará el IRPF, para ajustarlo a la inflación. Evitará que el dinero de la gente se lo lleve el Gobierno, sino que permanezca donde debe estar, en los bolsillos, o, mejor, en los bancos. Eliminará, precisamente, los impuestos temporales a la banca, para que pueda gestionar con más holgura los ahorros de la clase media. Eliminará también los impuestos a las eléctricas, para que puedan bajarnos la factura de la luz. A fin de cuentas, los tres mil millones que piensa recaudar Hacienda de la banca y las eléctricas dice Feijoo que habrá que devolverlos, porque se acabarán perdiendo en los tribunales.
La práctica ha demostrado en muchos países que esta teoría es errónea. Bajar impuestos no reactiva la economía; lo que hace es trasvasar rentas de las clases medias a las clases altas. Que los ricos compren este mantra neoliberal es lógico; que lo compren los pobres es absurdo.
Que el PP europeo esté defendiendo políticas fiscales del PSOE, que el PP español esté proponiendo políticas fiscales fracasadas en el Reino Unido, pero no quiera gravar a las eléctricas como en el Reino Unido, es paradójico, aunque expresivo de su deriva ultraliberal, animado por los socios de Vox.
No obstante, así como algunas de sus propuestas fiscales, bajada del IVA de ciertos alimentos básicos o de los hidrocarburos, pueden ser positivas para la clase media, bajar todos los impuestos a todos solo beneficiaría a la clase alta, que, sin apuros, podría pagarse de su bolsillo la educación, la sanidad o la seguridad.