Hace seis años justo ahora se vivían las horas más tensas del Parlamento catalán. La mayoría independentista impuso la aprobación de unas leyes llamadas de desconexión, entre las que estaba la ley de referendo que pretendía dar cobijo legal a la consulta del 1-O. Para ello se saltaron todos los derechos de la oposición y colaron sus normas sin debate alguno y sin ningún tipo de cobertura legal. Ni siquiera contaron con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. En definitiva, el procedimiento utilizado propició cargarse en unas horas la legalidad catalana y sustituirla por otra. Y así, visto y no visto, Cataluña se sumió en el caos y arrastró a España a un problema muy complejo de afrontar. Pero, lo que es peor, los políticos catalanes sometieron a la población a un estrés inaceptable fruto de sus ambiciones políticas, cuando no, de fondo, económicas.
Todo lo que aconteció fue bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, a quien ahora de forma sorprendente se le está rindiendo una pleitesía que hasta ha merecido un viaje relámpago de una vicepresidenta del Gobierno de España, a quien pudo verse muerta de risa en animada conversación con el prófugo.
La situación es de una enorme gravedad. Y se puede abordar de tres maneras distintas. Desde el punto de vista de los intereses políticos, desde el prisma de las emociones o desde la ventana de la legalidad democrática.
Si analizamos el asunto desde la política, caminamos hacia un matrimonio de conveniencia de lo más estrafalario, con un PSOE irreconocible dispuesto a llegar a entendimientos con quien ha demostrado ser capaz de aceptar solo las leyes que salgan de su real gana. ¿Hasta dónde cederá Sánchez por repetir en el Gobierno? La política se rige por una máxima y no es el interés del pueblo, sino el poder.
Si lo enfocamos por las emociones, sin darnos cuenta podríamos llegar a un escenario peligroso, con el regreso de la crispación y la violencia a las calles.
Nos queda la vía legal, fundamental en las sociedades democráticas. Un pilar que impide los abusos de los fuertes sobre los más débiles. Si instrumentalizamos las leyes a conveniencia de la política, sometemos la democracia al poder partidario y la deterioramos sin vuelta atrás.
Quienes bendicen el apaciguamiento a costa de una amnistía están dispuestos a cruzar el Rubicón que coloca a España en una situación delicada, cada día más débil contra las amenazas independentistas. Solo el hecho de ver a Puigdemont crecido al máximo, reconocido ya como interlocutor legítimo, como si no fuera el prófugo que es, no deja de ser una humillación. Como dijo Felipe González: «Una amnistía a los implicados en el procés supondría reconocer que no cometieron ningún delito y que fue el régimen democrático español el que les culpabilizó injustamente».
González tiene razón. Se está disputando una partida fundamental para el futuro de España. Y el PSOE se encuentra en una encrucijada crucial: o la ley a costa del poder, o el poder a costa de la ley.