La amnistía va a ser analizada por juristas expertos que opinarán sobre su encaje o desencaje constitucional, pero quienes van a decidir sobre la misma serán los parlamentarios, que, como los juristas, tienen ideología. La creencia religiosa forma parte de la ideología y repercute en la toma de decisiones. En materia de religión, los parlamentarios españoles son más papistas que los propios españoles.
Según encuesta del CIS, casi el 60 % de los diputados se declaran católicos, más o menos practicantes, y el 40 % niegan ser creyentes, entre agnósticos y ateos. Se definen como católicos el 95 % de los parlamentarios del PP y de Vox, el 40 % de los del PSOE y menos del 10 % de los de Sumar. Por tanto, hay mayoría absoluta de católicos en el Congreso. Muchos parlamentarios han jurado defender la Constitución y todos dicen ser coherentes con su ideología.
A un católico corriente le interesa mucho la identificación de culpables, para acto seguido someterlos a escarnio público y luego perdonarlos, asumiendo que el perdón es la remisión de la pena merecida, aunque sea por un delito. Esa laxitud moral es propia también de un católico leguleyo. Sin embargo, un católico de educación tradicional se escandalizará por la culpa de omisión de la diligencia exigible y reclamará el cumplimiento íntegro de la pena para cada independentista condenado, sobre todo si no muestra arrepentimiento.
La amnistía constituye un acto de perdón de cierto tipo de delitos, que borra la responsabilidad de sus autores. Si no afectase a la esencia del derecho, si fuese cuestión semántica, bastaría con sustituir amnistía por indulgencia, lo que evitaría que ciertos diputados sufriesen logofobia al oír la palabra. La RAE y la Conferencia Episcopal darían su beneplácito, pues la indulgencia es la facilidad para perdonar o disimular las culpas, concediendo gracias, algo muy de este país tan devoto, donde la culpa y la disculpa se aplican a discreción.
Conviene, sin lugar a duda, registrar el copyright de ley de indulgencia.