Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran su rechazo absoluto a la ley de amnistía porque supondría la abolición del Estado de derecho (artículo 1 de la Constitución: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo político), y solicitan un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces para abordar el tema. Por no obviar el artículo 14 del mismo texto legal, que recoge que los españoles somos iguales ante la ley sin distinción que valga. ¿Qué pensara el robagallinas que está ingresado en un presidio por saltarse a la torera la ley para obtener un dinero con el que dar de comer a sus hijos?
Y además el Gobierno Frankenstein se aprovecha de que está en funciones para sacar adelante la ley sin los informes previos de órganos consultivos como el Consejo de Estado y el CGPJ. Como ven, no dan puntada sin hilo.
A mis años, jamás me encontré con un Gobierno que actúe con semejante desfachatez. Y aún encima el presidente Sánchez nos intenta hacer comulgar con ruedas de molino al asegurar que lo hace por España. Eso no se les ocurre ni a Eugenio y Gila juntos.