Este tributo, conocido popularmente como el «impuestazo», tiene como objetivo gravar con un porcentaje (1,2 %) los ingresos de las energéticas durante los ejercicios 2022 y 2023 por los supuestos beneficios extra que están obteniendo con la escalada de los precios de la energía.
Las más afectadas son Repsol, Endesa, Iberdrola, Cepsa y Naturgy, que prácticamente asimilarán el grueso del impuesto.
Consideramos que este impuesto lleva aparejados importantes riesgos y se fundamenta en unos supuestos beneficios extraordinarios que dichas compañías no están registrando porque no se están viendo beneficiadas por el incremento de los precios de la energía. Además, el impuesto se establece sobre los ingresos independientemente de si estos se traducen o no en mayores márgenes o beneficios para las empresas, convirtiéndolos así en exacciones generalmente arbitrarias.
Por último, es de señalar que al gravar los ingresos se prescinde de estimar si los costes también han aumentado. Además, con este gravamen se ha puesto en marcha una doble imposición porque afecta a un concepto que ya está gravado por el impuesto de sociedades, lo que desdibuja la capacidad económica de las entidades contribuyentes y determina su posible inconstitucionalidad.
Actualmente, Sánchez se replantea rediseñar el tributo a estas compañías que se creó con carácter temporal pero que el acuerdo de investidura de PSOE y Sumar preveía convertir en permanente.
Las amenazas de la compañías energéticas, la última Repsol, sobre la deslocalización de inversiones hacia países más amables con la gran empresa, están llevando al Gobierno a replantearse el impuesto. Con estos ingredientes, primero la vicepresidenta Teresa Ribera, y después el propio presidente Sánchez, se han abierto a suprimir el impuesto definitivamente para no perjudicar las inversiones.
Nosotros consideramos favorable que el Gobierno se replantee su decisión de convertir en permanente el impuesto a las energéticas, si bien lo cierto es que la coalición se enfrenta a un complicado escenario fiscal. A la merma de recursos que le supondrá la desaparición de estos ingresos, se une la pérdida de los obtenidos por mayores impuestos recaudados por la subida de precios. La vuelta de la inflación a niveles más moderados reducirá considerablemente los ingresos fiscales, y aunque se quiten algunas de las ayudas que iban aparejadas a la inflación, no se cubrirá esa pérdida de ingresos.