¿Es España un país bien gestionado? Veamos y analicemos la credibilidad de las promesas electorales y observemos si han contribuido a generar más desconfianza en lo económico y mayor incremento del malestar y la desigualdad en lo social. Creo que no lo he entendido bien, es el PSdeG quien se presenta a las elecciones en Galicia pidiendo el voto, prometiendo y perfilando un cambio similar al que el actual Gobierno central está llevando a cabo con sus socios de Sumar y los nacionalistas catalanes y vascos, y que en la campaña del 23J del 2023 había dicho y prometido que no pactaría con Bildu, por ejemplo, y que seis meses más tarde apoya su moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Es esto lo que recomienda a sus potenciales votantes?
Pedro Sánchez llegó al poder con una moción de censura contra Mariano Rajoy acusándolo de corrupción tomando como base una sentencia del Supremo. Recientemente, el PSOE ha conseguido la confianza en el Congreso, en última instancia pactando con Junts, partido de derechas heredero de CiU y PDECat, condenados, ambos, por corrupción al pago de unos 6,4 millones de euros por el caso Palau. ¿Recuerdan aquel famoso comentario del 3 % que Maragall le espetó a Artur Mas en el Parlamento de Cataluña? Hace unos días se ha dado a conocer que el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona ha cerrado el concurso de acreedores del PDECat cuyo pasivo (deuda) estaba prácticamente formado por el importe derivado de la condena por desfalco.
Si lo he entendido bien, un partido de derechas, independentista, cuyos dirigentes proceden de aquel condenado por corrupción, y por el procés a varios años de cárcel por sedición, es de quien depende la estabilidad para gobernar España. Y se justifica y defiende como un pacto política y jurídicamente conforme a nuestro ordenamiento jurídico, previos indultos de sus dirigentes y la promesa de un referendo de independencia. Con el primer partido de la oposición no se pactan cuestiones de Estado para el interés general, la consolidación y fortaleza de nuestras instituciones; no, de ninguna manera. Se ha optado por la destrucción y la desintegración del Estado de derecho y sus instituciones accediendo a la amnistía y sospecho que a algo más.
El próximo mes de febrero deberíamos reflexionar sobre esto con la suficiente sensatez antes de depositar nuestro voto. Sigo sin entender por qué para el País Vasco es constitucional cederle las competencias de ordenación del litoral y costas (incluso romper la caja única de las pensiones) y para Galicia no. Aquí necesitamos acceso a la red de hidrógeno, son urgentes las soluciones para comunicar la meseta, por tren y carretera, sin olvidar que hasta hace unos meses soportábamos la generación de energía eléctrica quemando carbón en las centrales térmicas. Ahora y en plena transición energética, dado que nos lo hemos ganado y nos lo merecemos, reivindico la oportunidad de intentar liderar la generación de energías limpias en las que se lleva tiempo avanzando, planificando y ejecutando inversiones a pesar de la grave inseguridad legislativa y jurídica.
No es hora de compromisos similares a los suscritos con Junts, es tiempo de explicar que parte de los fondos Next Generation han sido ya destinados a Galicia para nuestros sectores productivos y economía real. Respecto a Cataluña, es hora de hechos y no de más promesas incumplidas. En España estamos viendo cómo los principios básicos del Estado de derecho están siendo traicionados por un plato de lentejas parlamentario, pero sobre todo creo que deberíamos dejar de abonar el terreno para el avance de la mediocridad que se escuda en argumentos de todo a cien, en los partidos cuya ética semeja muy deteriorada. A pesar de insistir en la solidaridad, lo que se está dando es un incremento de la desigualdad entre españoles chantajeados, en beneficio sobre todo de los chantajistas.