Quizá a esta hora ya habrá sucedido. O quizá no. Es probable que en este mismo momento se estén consultando manuales y guías sobre activar proxys y VPN. O quizá todavía no. Lo que está claro es que la decisión inédita del juez Pedraz abre muchas más preguntas de las que quizá pareciese en un principio: ¿Es proporcionado cerrar Telegram y dejar sin servicio a 8,5 millones de personas que diariamente la utilizan en España por la denuncia de tres plataformas sobre lo que ocurre en algunos canales? ¿Prevalece el copyright o la libertad de expresión? ¿Es de alguna manera efectiva la medida cautelar de obligar al cierre una red social, sabiendo que existen modos relativamente sencillos de puentear esa prohibición?
Quizá lo más interesante es el pulso que mantienen las grandes corporaciones digitales con los estados. Ocurre que en el siglo XXI se está dando un pulso entre el estado de Derecho y lo que algunos expertos llaman señores feudales de la tecnología y la cuestión empieza a ser no tanto si es posible poner puertas al campo (de Napster a Telegram hay un itinerario salpicado de aplicaciones para descargar contenidos, que se lo diga a la generación eMule) como quién ostenta el poder realmente en un siglo XXI cada vez más globalizado. Y esa es una discusión que cada vez es más apremiante abordar.