Dani Alves (Juazeiro, Bahía, 1983) es culpable de violar a una chica en los baños de una discoteca de Barcelona. Eso dijo un juez que aplicó el Código Penal para condenar la tropelía de uno de los reyes de copas de la ciudad condal. Y esa misma Justicia que condenó con pruebas al extravagante futbolista brasileño fue la que le dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros un mes después de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por su injustificable abuso.
Esos son los hechos probados. La infame ley del «solo sí es sí» que se parió en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, más preocupada de los eslóganes que de la protección real de las mujeres agredidas. Pero Irene no es la única responsable. Contó con la cobertura legal del Ministerio de Justicia que dirigía la socialista Pilar Llop, y del plenipotenciario de Pedro Sánchez para casi todas las cuestiones, Félix Bolaños. Todos ellos perpetraron una legislación que ha beneficiado a más de 1.400 agresores sexuales. Y no han sido más porque el desastre obligó al PSOE a rectificar y aceptar alguna de las enmiendas del PP.
Esa pésima ley es la que ha salvado a Dani Alves y amargado a la víctima que se atrevió a denunciar al que un día fue estrella del Barça y pegaba sus últimas carreras por México. El brasileño ha cumplido catorce meses de prisión preventiva y eso le permitía disfrutar de permisos nada más conocer la sentencia. El juez no ha tenido más remedio que poner en libertad al culpable para no ser acusado de prevaricador. La presión popular ha disparado el precio de la libertad. Un millón de euros cuyo único objetivo es evitar que el delincuente se fugue. Un millón que multiplica por seis la indemnización que el jugador pagó a su víctima.
Alves paga lo que le pide el juez. La ley que iba a revolucionar la protección de la mujer resulta que sigue teniendo muchos puntos débiles. Y no es una cuestión de dinero. Cada semana, algún agresor sale a la calle antes de tiempo gracias a una mala ley de una pésima ministra avalada por una supuesta mayoría progresista. Lo fácil es culpar al juez.