Quizá lo recordaremos como uno de los más lóbregos de la historia política y democrática española. Recordaremos aquel penúltimo día de mayo del 2024 frotándonos los ojos. El Congreso aprobó la ley de amnistía. Un desdoro, en mi opinión. Un atropello a la igualdad entre ciudadanos. Una arbitrariedad contra el Estado de derecho. Hace pocos meses, el presidente del Gobierno pensaba lo mismo que muchos todavía piensan: «¿Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referendo de autodeterminación, y no ha habido amnistía ni habrá referendo de autodeterminación», declaró el pasado 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales en una entrevista televisiva. El 22 de noviembre del 2022, nuestro presidente también había señalado que el independentismo reclamaba la amnistía «algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra ni en la legislación ni en la Constitución española». Desde luego. No me cabe ni la menor duda. La expresión «desde luego» le daba contundencia a su aserto y sería muy difícil de no creer. Yo, confieso, le creí. Quizá fui engañado como la mayoría de los ciudadanos españoles, entre los que cuento, también, a una holgada representación de votantes socialistas. Sin embargo, no fue Sánchez el único que se oponía a la amnistía aprobada el penúltimo día de mayo del 2024. La actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, el 27 de abril del 2021, durante una sesión de control en el Senado, afirmó: «La amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático porque eso sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial». Sobre el asunto sabe mucho la señora Calvo, doctora en Derecho Constitucional. Por lo tanto, su opinión es más pertinente que la de un articulista, como es mi caso, profano en materia jurídica. Continúo. El que fuera ministro de Justicia hasta el 2021 y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, el día 23 de junio del 2021, también en televisión, descartó de modo tajante conceder la amnistía: «No cabe en la Constitución». El ministro del Interior, un afamado jurista, Fernando Grande-Marlaska, dijo el 4 de abril del 2019 en Andalucía, tras un acto organizad por el PSOE: «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico». Termino como empecé, con las elecciones generales del 23 de julio. Horas después, Salvador Illa, aseguró: «El PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación porque no son factibles, y no negociará con Puigdemont».
La memoria abriga muchos más ejemplos de destacados dirigentes del Partido Socialista o del poder ejecutivo. Quizá algún día los recordaremos, también, como algunos de los más lóbregos de la historia política y democrática española.