Que una persona sea denunciada y pase a ostentar la condición de investigado, no es lo peor que le puede pasar procesalmente. Siempre le acompañará la conocida como «pena de banquillo» que no solo consiste en que cualquier persona acusada de un delito tiene el derecho y el deber de escuchar de qué se le acusa, por qué se le acusa y quiénes le acusan, sino que se la relaciona con el hecho de estar sentado en un banco o silla mientras esto acontece. No obstante en modo alguno resulta lo más gravoso para el acusado. Eso dura unos minutos el día del juicio. Muchos somos los que consideramos a esta pena de banquillo como un agravio. Los procedimientos se prolongan tanto en el tiempo que el investigado está varios años sufriéndola. Estar sometido a un proceso judicial significa un estigma social. Incluso en el caso de que el acusado resulte inocente, ya que nunca es posible la reparación moral. Esta pena se traduce primero en una insoportable incertidumbre personal y, después — sobre todo si la persona es inocente— en una complicada campaña para reparar el desprestigio. ¿La única solución? Legislar para acortar los plazos de los procedimientos penales e inculcar a la ciudadanía que toda persona sometida a una instrucción y posterior juicio penal es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No al revés.