Arquitectos y honorarios justos
OPINIÓN
Hace ahora dos años se aprobaba la Ley de Calidad de la Arquitectura. Un logro importante a nivel estatal que sigue en su formulación general la línea marcada por la Unión Europea: el reconocimiento explícito de que el modo en que hacemos arquitectura va mas allá de la mera edificación, hasta el punto de contribuir a hacer mejor no solo el presente sino también el futuro de la sociedad en la que vivimos.
Sobre esta base se declara la arquitectura como Bien de Interés General y se plantea que, para alcanzar dicho objetivo, en la mayoría de los casos son convenientes los concursos de proyectos. Y también definir unos honorarios profesionales acordes a la complejidad, conocimiento y, sobre todo, responsabilidad que asume cada arquitecto al firmar una obra.
Sin embargo, la lentitud de la Administración para abordar estos cambios, y la inexistencia de un base de referencia para los costes de contratación tanto pública como privada, está llevando a la profesión a una situación límite. El trabajo de buena parte del colectivo se ha precarizado, y esta situación genera una caída en la demanda de plazas en la carrera, ya que los estudiantes perciben que el marco profesional que les espera, no guarda un nivel de justa reciprocidad con el esfuerzo formativo que se les pide en las aulas.
La responsabilidad y el compromiso de arquitectos y arquitectas garantiza la calidad de los trabajos, pero ese sobresfuerzo no puede emplearse para ocultar la urgente necesidad de cambios en el modo de contratación que permitan un respiro a esta profesión. El incremento burocrático, la lentitud en la tramitación, la continua innovación tecnológica y la responsabilidad legal han desgastado hasta la extenuación a una profesión que ya había sido muy castigada por la crisis económica del 2008 y su impacto en el sector de la construcción.
Si queremos que exista calidad en la arquitectura, en nuestras ciudades, en nuestro territorio, no podemos permanecer impasibles y pensar que va a ser el propio mercado el que la genere. Tampoco hace falta buscar soluciones mágicas fuera de nuestras fronteras. Somos los arquitectos quienes tenemos esa capacidad, la responsabilidad y, sobre todo, las atribuciones que nos asigna el actual marco legal. Ya es hora de que todas las administraciones, cada una desde sus responsabilidades, contribuyan a mejorar esta situación marcando unos costes de referencia que permitan trabajar con dignidad, garantizando unos tiempos de obtención de licencias razonables y contribuyendo a reivindicar una profesión y una disciplina esencial para construir un mundo mejor.