Desde la implantación de la democracia en España hace casi medio siglo, la recaudación y gestión de los impuestos importantes (IRPF, Sociedades e IVA) se ha realizado desde el Gobierno central. Solo País Vasco y Navarra, a través de su régimen foral y atendiendo a extraños motivos históricos, están fuera de este régimen común: gestionan y recaudan todos los impuestos y luego, mediante un cupo anual negociado con el Gobierno, pagan al Estado los servicios que este presta en sus territorios.
En la inmensa mayoría de los Estados modernos no existe esta anomalía feudal del País Vasco y Navarra. Normalmente, el gobierno central recauda y gestiona los impuestos más importantes y luego transfiere a las regiones, diputaciones o ayuntamientos los fondos necesarios para la realización de los servicios que estos tienen transferidos o encomendados. Es decir, hay un sistema fiscal único o caja única.
Y no existe esta anomalía de modelos descentralizados regionales en los Estados modernos porque, aparte de la complicación de cálculo de ese cupo (que estará siempre al albur de cuestiones políticas de mayorías parlamentarias), un modelo fiscal único es mucho más eficaz para distribuir la riqueza entre las personas que viven en los diversos territorios, más eficaz en la lucha contra el fraude y más igualitario en la presión fiscal.
Renunciar a la recaudación y gestión de los impuestos más importantes por parte del Gobierno central nada tiene que ver con un Estado federal, como nos quieren vender algunos: en Estados Unidos, el Internal Revenue Service, similar a nuestra Agencia Tributaria, se encarga de los impuestos de la renta y sociedades de todos los Estados; en Alemania, otro país que siempre nos ponen como modelo federal, gran parte de los impuestos los recauda el Estado y, por ejemplo, la sanidad no está transferida a los länder.
Veamos por qué un modelo de cupos o conciertos autonómicos como los de País Vasco y Navarra generan desigualdad:
En España, el Ministerio de Hacienda ha publicado varios años las llamadas balanzas fiscales, en las que se presentan por comunidades autónomas los ingresos fiscales recaudados por todo tipo de impuestos y las transferencias que reciben por parte del Estado o sector público por todo tipo de gasto (sanidad, educación, pensiones, seguridad, infraestructuras...). Lógicamente, las regiones con menos renta tienen balanzas fiscales positivas, es decir, reciben más transferencias del Estado que ingresos aportan por recaudación y las ricas lo contrario, tienen balanzas fiscales negativas: pagan muchos mas impuestos que transferencias reciben del Estado. Pues bien, en todos los años que se han publicado las balanzas fiscales, País Vasco y Navarra, con una renta per cápita muy superior a la media de España, son las únicas del grupo de las ricas que han presentado balanzas fiscales positivas: han recibido más dinero del Estado que su aportación en forma de impuestos. Su cupo, obviamente, está mal calculado.
Ese modelo de cesión total de los impuestos a las regiones, ya superado en los Estados modernos, es el que ahora el Gobierno pretende ampliar a Cataluña. Junto con Madrid, es la región con mayor volumen de PIB y PIB per cápita, también con mayores ingresos fiscales. Como es lógico, presentan balanzas fiscales negativas. La creación de un cupo catalán significará que esa región contará con un mayor montante de fondos que ahora transfiere a otras regiones gracias a criterios comunes para todos. Las regiones pobres o envejecidas (como Galicia) dispondrán de menos dinero y Cataluña, región rica, dispondrá de más.
Pero, además, los impuestos no los pagan las regiones, los pagan las personas físicas y jurídicas en función de su riqueza, independientemente de dónde vivan, ya sea Cataluña, Pozuelo de Alarcón, Oleiros o Motril.
Lo que se está planteando con este acuerdo, que permitirá a Cataluña salirse del régimen fiscal común, es volver a la Edad Media, ampliando un modelo que, como hemos visto para el caso del País Vasco y Navarra, genera desigualdad e insolidaridad, y por lo tanto es contrario a la esencia de la Constitución.
Pasaremos de un modelo autonómico a un modelo confederal y menos igualitario, nada tiene que ver con un avance hacia un modelo federal.
Hay que tomarse en serio la revisión del modelo de financiación autonómica y dejar de engañar a la gente con estas falacias.