El cuñado de un amigo de la prima del vecino del juez Peinado me ha informado de primera mano que, tan pronto acabe con el caso de Begoña Gómez, el juez se va a ocupar del caso de la hermana de Feijoo, y le va a dar exactamente el mismo tratamiento interpretativo que le está dando a la mujer del presidente; vamos, que le va a revisar hasta los empastes de las muelas.
El rigor extremo del juez Peinado le ha llevado a desestimar la petición de la Fiscalía de no entregar las grabaciones de la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno de España en el caso de su mujer. Y no crean que lo ha hecho simplemente investido de la potestas de la toga y el mazo, no; se ha querido investir de la auctoritas moral que debiera imperar en su oficio y ha explicado que, aunque legítimo, el silencio del presidente puede dar lugar a la formación de «inferencias» que pueden tener carácter objetivo.
El problema de todo esto es que el artículo 24 de la Constitución está dentro de los derechos y deberes fundamentales, y comienza haciendo referencia a la tutela judicial de los ciudadanos y termina por la no obligación de declarar. Y me resulta especialmente preocupante que un juez interprete el acogerse a un derecho como una «conducta» interpretable.
El verdadero problema de la argumentación del señor Peinado es que reinterprete los derechos como marcadores de conductas, porque en el fondo él cree que los no culpables no necesitan derechos, y eso sí genera un problema de conducta, la del señor Peinado.
Es la exhibición continua de las creencias y conductas de los jueces como parte de su decisión judicial la que ha generado la desconfianza de la ciudadanía en la justicia y la que ha puesto en entredicho el propio sistema judicial.
Acepto que la mitad de los ciudadanos de este país están a favor de la intervención del señor Peinado y otro medio en contra, pero todos ellos coinciden en que el juez está siguiendo una cruzada interesada contra el presidente, y, al final, todos hemos asumido la existencia de una justicia parcializada.
No es solo el desprestigio de los jueces, es el desprestigio global del derecho como saber y como espacio de seguridad de la ciudadanía, su reducción a una opinión blanda e interpretativa, coyuntural, que hace que diez expertos puedan decir cosas absolutamente contradictorias y casi todas ellas banales.
La explicación que contiene la providencia del juez Peinado, que semánticamente nace desde un «como es bien sabido», más propio de la argumentación de una barra de bar que de una providencia, busca trasladar a la ciudadanía que el que calla, algo oculta, y el que exhibe es transparente.
Al final, en esta España polarizada, los efectos de la operación del juez serán mínimos, porque siempre vendrá otro tema que tapará este, y por eso este artículo de opinión no va dedicado al caso de Begoña Gómez, sino a pedirle al juez que no nos martirice repitiendo este culebrón con la hermana de Feijoo. Estoy segura de que en esto me hará caso, porque no siempre los que callan son necesariamente culpables, y no siempre los que más exhiben son necesariamente inocentes.