En las últimas semanas el agravio comparativo entre las comunidades autónomas ha vuelto a sonar en la conversación pública. Un grupo de regiones se quejan de la infra-financiación que padecen. Otras, en cambio, se lamentan de lo mucho que aportan a cambio de lo poco que reciben. El caso más sonoro es el de Cataluña.
Lo cierto es que es poco entendible que un ciudadano de La Rioja reciba 4.023 euros al año, mientras que alguien que vive en Murcia o Valencia perciba 3.148 euros. Especialmente cuando el objetivo de la financiación autonómica es garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, puedan gozar de un nivel de servicios públicos similar.
Quizás, para explicar mejor el problema, es preciso aclarar algunas cuestiones. Primero, todos los niveles de gobierno, ya sea el central o el regional, se financian a través de los impuestos. Los impuestos los pagan los ciudadanos. Aunque el sistema impositivo difiere marginalmente entre comunidades autónomas, una característica común es la progresividad. Es decir, quien más tiene, más paga.
Segundo, si en un territorio se concentra una mayor proporción de ciudadanos con un alto nivel de renta, es lógico que el agregado del territorio tenga una mayor capacidad para generar ingresos fiscales. Este es el caso de Madrid, Cataluña, Navarra o País Vasco.
Tercero, una vez recaudados los impuestos, es necesario repartir los recursos entre los ciudadanos, y las comunidades autónomas, responsables de servicios como la sanidad y la educación, son la unidad de reparto. Este reparto, que es una decisión política, ha generado varios fondos para intentar equilibrar las desigualdades, aunque con resultados mejorables. No existe una verdadera nivelación, ya que la distribución responde más a cálculos políticos y de poder territorial, y los ciudadanos de los territorios forales quedan fuera de este proceso.
Cuarto, si cada territorio se quedase con todos los recursos tributarios pagados por sus ciudadanos, nos encontraríamos ante una situación en la que los territorios más ricos también tendrían una mayor financiación. Este es el caso del País Vasco y Navarra. Pero como las necesidades de los territorios más ricos son inferiores a su capacidad de recaudar impuestos, también se produce cierta redistribución a través de las comunidades.
Y quinto y más importante. Los recursos son limitados y proceden del esfuerzo de los ciudadanos. Si todas las comunidades quieren más recursos, solo hay tres maneras de lograrlo: más impuestos o más deuda o que el Gobierno central renuncie a recursos. Y este es el problema de poner el foco en el territorio en vez de en el ciudadano. Porque mientras las autonomías plantean un juego de suma cero en el que todas están peor tratadas que la media, la verdadera cuestión que nos deberíamos plantear es que un ciudadano, independientemente de si vive en Chantada, en el barrio de Valdebernardo, o en Cartagena, debería recibir unos servicios públicos similares. Lo contrario supone el verdadero desequilibrio territorial.