La extrema derecha avanza en Alemania

José Manuel Sáenz Rotko PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

OPINIÓN

Christian Mang | REUTERS

08 sep 2024 . Actualizado a las 20:37 h.

Los comicios regionales en Sajonia y Turingia del pasado domingo marcan un punto de inflexión en la historia de la República Federal de Alemania. Por primera vez, un partido de extrema derecha se erige en la fuerza política más votada. El resultado venía avisado por las encuestas. La victoria del extremismo se acompaña, además, de una debacle para los tres partidos que conforman el Gobierno federal de Berlín: en el Parlamento de Turingia, socialdemócratas, verdes y liberales sumarán juntos solo 6 de los 88 diputados, frente los 32 de Alternativa para Alemania (AfD).

La clave que explica, principal pero no exclusivamente, el continuado auge de la extrema derecha es la profunda preocupación de la ciudadanía con la inmigración, que es percibido actualmente como principal problema del país. El 77 % de los alemanes reclama un cambio radical de la política de asilo y refugiados, orientado a recibir menos personas. El porcentaje de población extranjera se ha duplicado en las últimas dos décadas del 8 % hasta el 16 %. Más de 3 millones de los 16 millones de población inmigrante son peticionarios de asilo, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos ucranianos, cerca de un millón de sirios y casi 400.000 de afganos. El aumento de los delitos con violencia en una media del 15 % cada año desde el 2021 está además directamente relacionado con el aumento del arribo de peticionarios de asilo de Siria y Afganistán, entre otros países. Esto, sumado a la multiplicación de ataques terroristas con arma blanca, perpetrados por personas que habían llegado al país aprovechándose de la generosa regulación de asilo, ha disparado todavía más la alarma social. Y es petróleo para la extrema derecha que, con un discurso intencionadamente simplista y falaz, busca criminalizar el conjunto de los inmigrantes.

El Gobierno tripartito liderado por Olaf Scholz lleva tres años haciendo oídos sordos. El plan de seguridad presentado hace escasos días no incluye medidas exigidas no solo por la oposición de centro-derecha, sino por cada vez más voces de peso de su propio partido, el SPD. Hasta el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, que por su función institucional no suele descender al terreno del debate político cotidiano, reclamó durante la pasada semana un giro en la gestión de la política de asilo. Con ello, Alemania no dejaría de ser un país de acogida para las personas que sufren persecución en su país de origen; de lo que se trata es de hacer más eficaz la gestión del derecho a protección internacional, que en Alemania está además anclado en su ley fundamental, y hacerla compatible con la capacidad de una sociedad tan abierta y solidaria como es la alemana para acoger e integrar a las personas que la requieren.

De lo contrario, una posible quiebra de la paz social por la inmigración resultaría irremediablemente en la continuación del avance de la extrema derecha. Las elecciones generales en toda Alemania tendrán el 28 de septiembre del 2025. Scholz y su Gobierno harían bien en aprovechar los próximos 12 meses para aplicar medidas moderadas, sensatas y eficaces que ayuden a modular la inmigración irregular. Y en comunicarlas adecuadamente con el fin de restaurar la confianza de los alemanes en los partidos políticos de centro como gestores eficaces de los principales retos y problemas de la sociedad.