La detonación por control remoto de dispositivos móviles en el Líbano pone de manifiesto tres importantes interrogantes sobre la confianza de la ciudadanía, la seguridad y el impacto de la tecnología digital en el sistema político.
En primer lugar, la confianza de la ciudadanía en la tecnología queda seriamente dañada al constatar la posibilidad técnica de que nuestros dispositivos móviles, parte integral ya de la vida cotidiana, puedan ser convertidos en armas por actores desconocidos. Tal como viene recordando la OCDE regularmente, la falta de confianza es uno de los principales impedimentos para una mayor adopción de la tecnología digital. Por si no fuera poca la desconfianza derivada del reiterado abuso de nuestros datos personales, del riesgo de suplantación de nuestra identidad bancaria, o de los preocupantes problemas de los sistemas de inteligencia artificial, se suman ahora las suspicacias derivadas de este caso. Difícilmente podremos materializar los potenciales beneficios de la tecnología para el bienestar social y el crecimiento económico si la ciudadanía continúa perdiendo la confianza en la tecnología digital.
En segundo lugar, la cuestión de la seguridad pública. Que se puedan introducir explosivos en aparatos disponibles en canales comerciales pone de manifiesto vulnerabilidades preocupantes en el ecosistema de producción y suministro digital. La posibilidad de disrupciones a gran escala, no ya sobre las grandes infraestructuras de servicios vitales, sino sobre los terminales individuales que utiliza la población, implica un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad pública. El actual foco en la protección de infraestructuras críticas resultará ya insuficiente si no considera la seguridad de los productos digitales de consumo. En el caso de España, el punto de partida para responder a estos retos se ubica en los instrumentos y mecanismos relacionados con la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, el carácter transnacional de las cadenas de suministro señala que el modelo de seguridad no puede restringirse al ámbito estatal, ni tan siquiera al regional, sino que deberá articularse con alcance global.
Por último, es necesario considerar los efectos que estos sucesos pueden tener en nuestro sistema político. Surge el miedo y la angustia en la población al constatar que es técnicamente posible detonar dispositivos personales por motivaciones políticas. La creciente complejidad tecnológica dificulta comprender su naturaleza y funcionamiento internos, retroalimentando aquellas emociones negativas y abonando el fértil terreno de las teorías conspirativas y la desinformación, que contribuyen a la polarización de la sociedad. Los potenciales efectos negativos que este tipo de acciones pueden tener en la legitimidad y credibilidad de los sistemas políticos democráticos nos obligan a reflexionar para evitar que acabe siendo peor el remedio que la enfermedad.