El lento avance de los derechos laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras del hogar se debe sin duda a varios factores: que es un empleo desempeñado por mujeres, que la mayoría de ellas son de nacionalidad extranjera u origen migrante y que, aun ahora, en el siglo XXI, parte de quienes las emplean, o aun no siendo empleadores, cuestionan que tengan determinados derechos (total, ese trabajo lo puede hacer cualquiera) o que las normas que regulan esta actividad se entrometan en el sacrosanto lugar que es el hogar (hasta ahí podíamos llegar). Pero, el hogar, es un centro de trabajo, la «chica» es una trabajadora, su empleo debe estar remunerado adecuadamente y sus derechos laborales y de Seguridad Social equiparados con los del resto de la población trabajadora.
Dejando de lado a quienes piensan todavía en términos de sirvienta, lo cierto es que la afiliación al Sistema Especial de Empleados de Hogar (igual ya es hora de cambiar el término «empleados» por «empleadas»), ha bajado en los últimos años. Y es fácil achacar al incremento del salario y de las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, al justo aumento de derechos, este descenso, y llegar a la conclusión de que el encarecimiento aumenta la economía sumergida y que el Gobierno tendría que adoptar medidas para aliviar la carga de las personas empleadoras, subvencionar, aún más, la contratación de trabajadoras del hogar, en definitiva. Y subvencionar a todos los empleadores, incluyendo a los de «la chica», «la sirvienta» y «el servicio».
Me gustaría recordar que España es el segundo estado miembro de la Unión con mayor volumen de empleo doméstico y que ocupa el decimosexto lugar entre los 27, en gasto de protección social en infancia y familiar. Un detalle no menor, porque la realidad es que las trabajadoras del hogar, parte de ellas, están cubriendo necesidades sociales, atención a menores, a mayores, a personas en situación de dependencia, que deberían ser objeto de cobertura por parte de las Administraciones. Y así llegamos a ver ofertas de empleo en las que específicamente se pide que la trabajadora tenga un determinado grado de cualificación profesional (vamos a dejar pasar, de momento, el hecho de que, además, en otras, se pida o se excluya una determinada nacionalidad).
Si pensamos en el largo plazo, donde debería invertirse el dinero público es en asegurar una adecuada protección social para las necesidades de cuidado, con trabajadoras y con la correspondiente cualificación y la adecuada remuneración. Sin olvidar seguir avanzando en derechos para las empleadas del hogar. En el siglo XXI no es concebible la existencia de las trabajadoras internas; no es concebible tampoco que en un trabajo con una multiplicidad de tareas muy diferentes, todas se valoren por igual, con el salario mínimo. Y no es concebible que hoy todavía se puedan encontrar ofertas de empleo en las que se solicite una determinada nacionalidad o se excluyan otras, y que esto parezca normal «porque en mi casa entra quien yo quiero».