Durante los últimos cinco meses, desde el dramita de Pedro Sánchez en abril amagando con una dimisión en la que el líder socialista nunca pensó, según él mismo confesó en la tele de Broncano, la única línea de defensa de Pedro Sánchez y sus incondicionales era que el juez Juan Carlos Peinado era un facha, que su hija era concejala del Partido Popular en el muy pijo municipio madrileño de Las Rozas. Y que, por supuesto, no había ni el más mínimo indicio de sospecha de las actividades irregulares de Begoña Gómez en sus relaciones con el empresario Barrabés o con la Universidad Complutense. Que citar a sus socios de negocios en la Moncloa era poco menos que lo normal y que siempre fue una eminencia en el campo de la captación de recursos económicos para las oenegés.
Eso nos repetían sin parar el propio Sánchez, el siempre entusiasta Félix Bolaños y todos los cargos públicos que tienen afán de sobrevivir en el puente de mando que saldrá del congreso socialista de Sevilla de finales del próximo mes de noviembre. Al que se desmandaba de la línea oficial, como el madrileño Juan Lobato, enseguida se le amenazaba con una candidatura alternativa.
Pero el discurso oficial se ha venido abajo en apenas siete días. Ya no es solo el facha Peinado el que persigue a la emprendedora Begoña Gómez. La semana pasada, tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid decidieron que el magistrado tenía que sumar a los delitos que investiga de la mujer del presidente los de apropiación indebida, por quedarse con el dominio de una web valorada en 150.000 euros que le regalaron —no se sabe aún por qué, aunque lo intuimos— empresas dependientes del Gobierno, en mayor o menor medida, como Indra, Telefónica o Google.
Y este lunes, otros tres magistrados llegaron a la conclusión de que por mucho que se desgañiten y descalifiquen Sánchez, Bolaños o Pilar Alegría, sí hay materia suficiente para investigar las relaciones de la mujer del presidente con el empresario Barrabés y con otros patrocinadores que se sumaron a un máster con apenas 15 alumnos dirigido por la única, de 56, que no era catedrática de la Complutense.
Si hay delito o no corresponde dirimirlo a los jueces, pero a los ciudadanos de a pie nos extraña que los poderes públicos consideren más importante la valoración subjetiva de una empresa avalada por una carta de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno que las valoraciones, según baremo, técnicas y económicas de firmas con amplia experiencia en el sector.
Quizá ahora, Sánchez, en lugar de buscar culpables en la máquina del fango y en la ultraderecha, y de intentar censurar a los medios de comunicación, decida comparecer junto a su mujer y dar las explicaciones que nos han negado durante casi doscientos días. Sería lo normal en cualquier democracia. Porque parece que sí hay indicios.